La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, destaca que la inclusión de la salida sur de Vigo es «imprescindible»
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha solicitado hoy al Gobierno información sobre el Plan Director del Corredor Atlántico ferroviario, coincidiendo con la comparecencia que ha ofrecido para presentar la Estratexia Logística de Galicia 2020-2028.
A este respecto, Vázquez ha recordado que en los últimos meses el Gobierno gallego no tiene «conocimiento de que se avanzara más», y ha advertido que «estamos en tiempo de descuento para acceder a fondos europeos«.
En este sentido, la conselleira ha calificado como una «oportunidad única» que Galicia no «debe perder» estar en este Corredor, y ha avanzado que la Estrategia preparará el terreno para que la ampliación definitiva del Corredor Atlántico, entre 2023 y 2027, recoja las reivindicaciones de la comunidad gallega.
«Pedimos estar incorporados en el Corredor Atlántico y que eso se traduzca en inversiones reales para ser más competitivos», ha expuesto en una intervención en la que ha lamentado no sentirse «atendidos ni escuchados» por el Gobierno central.
En este contexto, Ethel Vázquez ha destacado que entrar en el Corredor Atlántico supone contar con opciones de financiación para la modernización de la red ferroviaria de mercancías a través del Mecanismo Conectar Europa, y señaló que el Gobierno estatal debe solicitar esos fondos para financiar los proyectos.
La conselleira ha subrayado que la Xunta tiene claros cuáles son los proyectos más importantes, y entre ellos resulta «imprescindible» la Salida Sur de Vigo.
Complemento a la Estrategia Gallega de Movilidad
La Estrategia Logística de Galicia es un proyecto orientado a las mercancías que complementa otro trabajo impulsado recientemente por la Xunta para facilitar los desplazamientos de las personas y la competitividad del territorio. Se trata de la Estrategia Gallega de Movilidad, licitada el pasado mes de agosto, con un presupuesto de casi 1 millón de euros y un plazo de 2 años para definir una red coordinada de servicios e infraestructuras de transporte moderna, sostenible y eficiente.