Su predecesor en el cargo ya fue condenado en tres ocasiones, y el ministerio público acusa ahora al actual mandatario de un delito continuado de prevaricación por contratar y pagar el suministro de sidra para la fiesta de esta entidad sin seguir los procedimientos legales
Como si de un deja vù se tratase, Bembrive vuelve a situarse en el centro de la política municipal, con la Fiscalía solicitando 13 años de inhabilitación por prevaricación para su actual alcalde pedáneo, el socialista Marcos Castro González. Una situación que retrotrae, indirectamente, a la vivida por su predecesor, el también socialista Roberto Ballesteros, condenado hasta en tres ocasiones por prevaricación y otros delitos.
Ballesteros fue condenado por pagar una obra que no se llegó a ejecutar; por retirar las retribuciones a los vocales del PP en la Junta Vecinal; y por adjudicar actuaciones ‘a dedo’ por valor de casi 800.000 euros.
Ahora, y apenas cuatro años después de su dimisión, la Fiscalía pide 13 años el actual pedáneo al que acusa de un delito continuado de prevaricación, por contratar y pagar el suministro de sidra para la fiesta de esta entidad sin seguir los procedimientos legales, y por ordenar el pago de 250.000 euros fraccionados en diferentes facturas.
Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando el alcalde pedáneo, «actuando con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad, en ejecución de un plan preconcebido», adjudicó de forma directa contratos de suministro de sidra a una empresa. El total del gasto ascendió a 250.000 euros (120.000 euros en 2019 y 130.000 euros en 2020), que el acusado fraccionó hasta en 17 facturas, la mayoría de cuales superaban los 15.000 euros.
La interventora de la Pedanía alertó de que se trataba de «una adjudicación verbal sin base en contrato administrativo que sustente dicha contratación». Sin embargo, el acusado levantaba sistemáticamente el reparo suspensivo y ordenaba los pagos, «a sabiendas del carácter ilícito».