La titular de Vivienda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, junto con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, mantuvo hoy una reunión con representantes de Fegatramer, atendiendo la petición de este colectivo
La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, junto con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, explicó hoy a la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) el estudio sobre la transferencia y rescate de la AP-9.
La responsable autonómica de Infraestructuras y el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso, coincidieron en que el Ministerio debe comprometerse con la transferencia de la AP-9. En este sentido, la conselleira detalló a la federación el estudio encargado por la Xunta para determinar el coste del traspaso de la AP-9 y del rescate, un documento que ya fue remitido también al Ministerio de Transportes.
Hace falta recordar que el estudio, elaborado por una empresa experta e independiente, cifra en 526 M€ el coste de la transferencia de la AP-9 a Galicia y el rescate oscila entre 1.612 M€ y 2.355 Me, unos números que distan mucho de los ofrecidos en los últimos meses por el ministro Óscar Puente, que habló primero de 2.000 M€, después de 4.000 M€ y finalmente hasta 6.000 M€.
La conselleira recordó que se solicitó un encuentro de trabajo con el Ministerio para clarificar estas cifras, pero aun no hubo respuesta.
Hizo hincapié en la necesidad de abordar con el Ministerio de Transportes los descuentos en la autopista, tras las palabras de esta semana del ministro «zanjando las nuevas bonificaciones tanto para la AP-9 cómo para la AP-53, entre Santiago de Lalín, que habían sido comprometidas en el acuerdo con el BNG y el PSdG para la investidura de Pedro Sánchez».
Lamentó el compromiso nulo del Gobierno con las infraestructuras en Galicia y remarcó que el Gobierno gallego continuará exigiendo que se cumplan los compromisos del PSOE y del BNG, que prometieron en campaña de las elecciones autonómicas la gratuidad en la AP-9 y también en la AP-53.
Se trata de un asunto estratégico que incide negativamente en el bolsillo de los gallegos y también en la competitividad económica de la comunidad, especialmente en sectores como el transporte, representados en federaciones como Fegatramer.
El Gobierno gallego lleva defendiendo 15 años la transferencia de la AP-9, acompañada de los recursos necesarios, para conseguir una gestión más eficiente y huella al territorio. Además esta reivindicación está respaldada por la proposición de Ley que fue aprobada por el Parlamento gallego hasta en cuatro ocasiones y por unanimidad.