Los representantes sindicales recuerdan que a día de hoy existen cuatro sentencias judiciales que declararon su nulidad de pleno derecho por infringir todas las normas substantivas y procedimentales de obligado cumplimiento en una medida de estas características
El comité de huelga de los bomberos de Vigo ha denunciado este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad la «ilegal suspensión de los descansos reglamentarios» de estos efectivos a través de un decreto municipal de febrero de 2019.
Así, se ha presentado esta denuncia ante supuestos delitos de prevaricación activa, prevaricación omisiva, contra la salud laboral y contra los derechos colectivos laborales reconocidos por las normas estatutarias de la función pública.
De esta forma, el conflicto laboral entre los bomberos de Vigo y el Gobierno local sube un importante escalón tras la formalización de la denuncia efectuada por parte de los delegados de la CIG Miguel Uclés y Fernando Solveira, que han explicado la decisión. «Una vez que los tribunales del contencioso administrativo a los que acudimos para que anularan el decreto nos dieron la razón, nos vemos en el deber de exigir que se depuren responsabilidades penitenciarias entre los autores de esta actuación ilegal», exponen.
En este sentido, los representantes recuerdan que a día de hoy existen cuatro sentencias judiciales que declararon su nulidad de pleno derecho por infringir todas las normas substantivas y procedimentales de obligado cumplimiento en una medida de estas características.
Hoy mismo finalizaba el plazo de presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte del Ayuntamiento contra la anulación del decreto, una vez que el TSXG desestimó días atrás el anterior recurso. Con todo, los responsables municipales aun están a tiempo de hacer alegaciones y de seguir dilatando el proceso.
El comité ha insistido en que la decisión de presentar la denuncia penitenciaria obedece a la «contumacia» del Gobierno municipal por infringir a las leyes, «a sabiendas de la ilegalidad que estaban cometiendo desde el primer momento, y que mantuvieron en el tiempo de manera injusta, durante año y medio, a pesar de ser plenamente conscientes de los perjuicios y los riesgos psicofísicos que le causan a nuestro colectivo con la imposición de un régimen inhumano de refuerzos y de suspensión de los descansos reglamentarios que legalmente tenemos reconocidos».
En este sentido, han recordado que el propio servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento había advertido un año antes de que se hubiese adoptado «esta medida ilegal», de los riesgos para la salud laboral que iban asociados a los excesos de jornada. «Pero las autoridades municipales decidieron, no obstante, imponer por puro voluntarismo esta medida, sin sustento legal de ninguna orden, simplemente como represalia a las legítimas reclamaciones que llevábamos haciendo los representantes legales de los trabajadores del servicio desde hace años exigiendo más personal».
Finalmente, han indicado que ahora es el momento de que se depuren responsabilidades y que los causantes de esta actuación respondan ante los órganos de la jurisdicción penitenciaria, «ya que llevan años actuando de forma prepotente y soberbia instalados en una posición de total impunidad«.