Se muestra dispuesta «a colaborar plenamente con la Justicia» y achaca la investigación a «calumnias» del Partido Popular
El Juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño ha acogido hoy la declaración de la alcaldesa de O Porriño, la socialista Eva García de la Torre, en la causa en la que está siendo investigada y en la que se plantea la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, falsificación documental y tráfico de influencias.
El objeto de la investigación son presuntas irregularidades en la contratación de servicios -algunos de forma verbal y con informes en contra de la intervención-, y en su facturación, con un montante total que asciende en dos de los ejercicios analizados -2016 y 2017- a los dos millones. En este marco, la regidora ha defendido que contrató de palabra dichos servicios por «responsabilidad» y por imperativo legal.
García de la Torre se ha mostrado dispuesta «a colaborar plenamente con la Justicia» y ha considerado que la investigación responde a «calumnias» del Partido Popular. Además, afirma que su gestión «en absoluto ha ido contra la legalidad».
«Una cosa es que haya habido una irregularidad administrativa y otra, la intención de cometer un delito», ha defendido la alcaldesa, añadiendo que por esta misma cuestión «el anterior alcalde -el popular Nelson Santos- fue absuelto».
En este sentido, García de la Torre ha señalado que cuando accedió a la Alcaldía se encontró con un presupuesto prorrogado desde 2012, donde se habían amortizado 28 plazas de operarios municipales. «No teníamos personal para la limpieza viaria, para los desbroces, para la jardinería…«, ha indicado, señalando que tampoco podían recurrir a la vía contractual de la colaboración social que recuerdo, utilizó el anterior gobierno local.
Cabe recordar que esta investigación se remonta varios años, llegándose a abrir varios procedimientos por diversas denuncias. Las causas fueron unificadas y se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios municipales, y otros posibles delitos relacionados con la emisión de facturas.