La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y representantes del Colegio de veterinarios de Ourense se reunieron para analizar la norma
Ángeles Vázquez lamenta la falta de diálogo del Gobierno central en la elaboración de una norma que sufrió hasta 7 vetos en las Cortes y que entró en vigor sin dotación presupuestaria y supeditada a un desarrollo reglamentario aún sin fecha
Advierte de que con este nuevo marco legal, que impone múltiples exigencias a los propietarios y sanciones elevadas, pueden crecer los abandonos y bajar las adopciones
La Xunta exigió hoy que los presupuestos del Estado para el próximo año incluyan partidas específicas para que tanto las comunidades autónomas como especialmente los ayuntamientos puedan hacer frente a los nuevos deberes que tendrán que asumir con la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Cinco días después de la entrada en vigor de la normativa estatal, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, se reunieron esta mañana con representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia para analizar el contenido de la nueva ley y algunas de las principales repercusiones que tendrá a efectos prácticos.
En este sentido, la vicepresidenta lamentó que el Gobierno central “cargue” la otras administraciones con muchas “responsabilidades y gastos” a través de la imposición de toda una serie de deberes, algunas noticias y otras ampliadas, pero que no vienen acompañadas en ningún caso de la correspondiente dotación presupuestaria.
A modo de ejemplo, se refirió a la creación de cinco registros que tendrán que asumir los Gobiernos autonómicos o a las “guardias de 24 horas” que deberán garantizar las entidades locales para poder cumplir con la recogida, tratamiento y atención permanente de los animales que se abandonen nos sus términos municipales, además de gestionar las colonias felinas, encargándose de la esterilización y microchipado de los gatos que formen parte de ellas.
Hace falta recordar que la Xunta hace un esfuerzo desde hace años para apoyar a las protectoras y a las entidades locales en la labor que realizan en este ámbito, destinando desde 2017 un importe de casi 2 millones de euros a través de las sucesivas órdenes de ayudas que convoca para financiar los gastos que asumen a diario para el cuidado, la atención y el mantenimiento de los animales domésticos abandonados y que tienen a su cargo.
Por eso, la vicepresidenta insistió en la necesidad de valorar el coste económico que supone la nueva ley y, sobre todo, consignar a nivel estatal las partidas necesarias en los presupuestos de 2024 para que los Gobiernos autonómicos y, especialmente, las entidades locales puedan cumplir con los deberes impuestos por su entrada en vigor.
Así, recordó que la norma de bienestar animal recibió “más de 6.000 alegatos” y hasta 7 vetos durante su tramitación parlamentaria, entrando en vigor el pasado viernes 29 de septiembre “sin dotación presupuestaria” y supeditada a un desarrollo reglamentario aún sin fecha, por lo que exigió al Ejecutivo central claridad y explicaciones sobre su aplicación.
Esta imprevisión la vinculó también con la falta de diálogo que marcó el proceso de elaboración de la norma desde lo principio, que fue, en opinión de Ángeles Vázquez, “la antítesis del que debe hacerse”, ya que no se buscó dialogar ni con las comunidades autónomas ni con los distintos colectivos profesionales implicados en la materia.
“Lejos de proteger ve a haber un abandono de estos animales”, advirtió la vicepresidenta, que se refirió en este sentido a las múltiples exigencias impuestas a los propietarios y la un régimen sancionador con multas muy elevadas que, en la práctica, puede provocar “el efecto contrario” a lo que se persigue, provocando que aumenten los abandonos de mascotas y desanimando a los ciudadanos a la hora de apostar por las adopciones.
