La Xunta apela a su conocimiento profundo del territorio para rechazar de nuevo que el Ejecutivo emplee esta norma para modificar la Ley de costas con relación a las concesiones en dominio público y exige que elimine estos artículos lesivos

“Muchas de las empresas instaladas dejarán de poder estarlo en un período muy corto de tiempo, lo que supondrá la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo de 10.000 millones de euros, el 3% del PIB gallego”, declara la conselleira

La Xunta reivindicó esta mañana ante el Gobierno central la necesidad de que cuente con la opinión y la participación activa de las comunidades cuando impulse normativas de carácter estatal y con una incidencia directa en asuntos clave para el ejercicio de sus competencias, como es el caso de la futura Ley de Cambio Climático. Así lo trasladó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, durante su intervención esta mañana en el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para asuntos comunitarios previa al Consejo de Ministros europeos.

La responsable autonómica aprovechó su turno de palabra para defender el “conocimiento profundo” que tienen las comunidades autónomas sobre sus respectivos territorios y justificar en base al mismo el rechazo de Galicia a la Ley de Cambio Climático, que se está tramitando en estos momentos en el Congreso.

En concreto, explicó que el artículo 18 en sus puntos 3 y 4 implica, de facto, una modificación de la Ley de espaldas en lo relativo a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre y que, con su redacción actual, supondría el fin de la actividad para muchas empresas asentadas en la franja litoral en todo el país.

“La Ley de Cambio Climático, que modifica la Ley de costas, supone un cambio trascendental en negativo para Galicia y un retroceso al dar inseguridad jurídica. Muchas de las empresas instaladas dejarán de poder estarlo en un período muy corto de tiempo, lo que supondrá la pérdida de unos 37.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo de 10.000 millones de euros, el 3% del PIB gallego”, declaró la conselleira antes de volver a reclamar al Gobierno “que reflexione” y que elimine de la norma estos dos apartados tan lesivos para Galicia.

Participación del Ejecutivo gallego en la normativa europea de cambio climático
Hace falta subrayar que la reunión del consejo consultivo tenía como primer punto de la orden del día abordar la Estrategia europea sobre adaptación al cambio climático. En este sentido, Ángeles Vázquez aprovechó su intervención para trasladarle al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la voluntad de la Xunta de participar en la elaboración de la Estrategia Europea del Cambio Climático y en la futura Ley de Cambio Climático de la UE.

Al respecto, la conselleira recordó el compromiso mostrado por el Gobierno gallego en esta materia y la experiencia adquirida en el proceso de elaboración de su propia hoja de ruta para conducir a la Comunidad hacia una transición energética justa y efectiva.

Así, se refirió a la aprobación en octubre de 2019 de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 (EGCCE) así como del primero plan regional integrado que concreta su desarrollo hasta el año 2023, que define un total de 170 medidas con las que se movilizarán 1.250 millones de euros.

Galicia, como indicó la conselleira, es consciente de que debe ser parte de la solución frente al cambio climático y por eso aspira a contribuir y poner sus conocimientos y experiencia al servicio de Europa y de todos los Estados miembros para avanzar hacia el objetivo común de la neutralidad climática.

Al igual que Galicia reivindica su participación en la normativa comunitaria, también aspira a colaborar en la elaboración de las normas de carácter estatal y a ampliar su capacidad actual de gestión en aquellos aspectos que conoce más de cerca y en profundidad. En este sentido, la conselleira aprovechó la reunión para recordar su reciente demanda al Estado para que traspase a la Xunta las competencias pendientes sobre el dominio público marítimo-terrestre, una reclamación que este mismo miércoles aprobó por unanimidad la Cámara gallega.