La alternativa que el Gobierno de España entiende como la más recomendable requiere la ampliación de la A-52 hasta Vigo con la ejecución de un túnel, y esto conlleva un altísimo impacto territorial, además del corte de vías municipales y múltiples afecciones a viaductos y aguas
Este anuncio ha generado una importante preocupación en los ayuntamientos afectados. Hoy en día se han presentado más de 30.000 alegaciones al proyecto
“Por encima, la obra propuesta cuenta con un alto valor económico de ejecución, que alcanza cerca de 400 millones de euros”, indicaron los populares
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, registró una Proposición no de Ley relativa a las alternativas al proyecto de trazado del futuro tramo de la autovía A-52 para conectar O Porriño y Vigo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, además de solicitar también la inmediata liberalización del peaje en el tramo Porriño-Puxeiros de la AP-9 que transcurre alternativamente a la autovía A-55.
La diputada Irene Garrido lamentó que el trazado elegido por el Ministerio se llevaría por delante directamente más de 50 viviendas y deja una importante afección a más de 400 inmuebles. Además, el impacto afecta a suelo urbanizable e industrial e incluye el corte de vías estructurantes y múltiples afecciones a viaductos y cursos de agua, por lo que es imprescindible revisar el trazado para minimizar los daños al territorio.
“Este anuncio ha generado una importante preocupación en los ayuntamientos afectados. Ante esta situación, han sido muchas las reacciones vecinales y de administraciones locales, así como de la Xunta de Galicia, del Parlamento de Galicia y de la Diputación de Pontevedra, así como las más de 30.000 alegaciones al proyecto presentadas por los vecinos afectados”, indicó la diputada pontevedresa.
Por lo tanto, todos los diputados gallegos demandan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, con carácter urgente, proponga nuevas alternativas al trazado propuesto de la A-52 por la grave afección que provoca a parroquias de Vigo como Bembrive, y de Mos como Sanguiñeda, Petelos, Pereiras y Tameiga, a efectos de buscar una solución definitiva y a largo plazo.
Demandan también al Gobierno de España la transferencia de la titularidad de la AP-9 en los términos previstos en la proposición de ley Orgánica aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia y a iniciar, con carácter inmediato, negociaciones con la concesionaria de la autopista AP-9 el fin de, a mayor brevedad, liberar de peaje el tramo Vigo-Porriño, para abordar de manera urgente la seguridad de la autovía A-55, por ser la solución más rápida, inmediata y económicamente más viable al problema de la siniestralidad en esta vía.
Los populares gallegos exigen al Gobierno de España la inmediata apertura de un período de interlocución, institucional y técnica, con todos los ayuntamientos afectados para definir la actuación de modo que sea respetuosa con el territorio, socialmente viable y suponga una infraestructura idónea y segura para la movilidad de la zona.
“Es incomprensible que el Gobierno solo haya considerado la opinión del ayuntamiento de Vigo en la definición de su alternativa, excluyendo al resto de los municipios afectados, lo que compromete la viabilidad social y ambiental del proyecto. Y resulta muy extraño que en el análisis de alternativas del estudio de impacto ambiental no se haya introducido la variable de liberación del peaje de la autopista del Atlántico AP-9 dado que es evidente que es una posibilidad que se está ya llevando a cabo, por ejemplo, en una situación análoga como es el tramo de la circunvalación de Alicante de la AP-7, indicó Irene Garrido.
