El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Antonio Basanta, urgió hoy en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia a que el Gobierno central presente lo antes posible el recurso judicial contra el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas en 87 zonas de aguas comunitarias.
En este sentido, recordó que los juristas especializados consultados por la Xunta constataron que la vía judicial directa por parte de los estados miembros sería la más adecuada para frenar este despropósito dado que son actores privilegiados en este proceso y la prueba de la legitimidad para recurrir el reglamento de ejecución sería más fácil. En caso de que el Gobierno central no presentara ese recurso, el director general aclaró que lo haría la comunidad -como ya había anunciado- aunque su demanda tuviera menos posibilidades de prosperar.
El representante de la Consellería del Mar recordó que Galicia ya cuenta con la argumentación jurídica, técnico-pesquera y socioeconómica necesaria para armar el recurso. Esos argumentos, explicó, fueron trasladados tanto al Gobierno central como a las asociaciones de armadores para que puedan conformar sus recursos y ganarlos.
Antonio Basanta destacó que la Xunta inició su labor de defensa del sector ante este asunto ya en 2020 ante el cariz ambientalista de la Estrategia sobre la Biodiversidad de la Comisión Europea, que atribuía a la pesca a mayoría de los problemas que afectan a los mares y océanos. Desde entonces Galicia mantuvo distintos encuentros con el sector, realizó informes y gestiones ante Bruselas al tiempo que buscó aliados en el resto de comunidades y regiones europeas con intereses pesqueros. De hecho, se sigue con esos contactos con el objetivo de hacer una frente común en la defensa de la flota gallega.
El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica aseguró que el sector pesquero no está en contra de que existan zonas protegidas pero pide que se establezcan de forma dialogada, sustentada y justificada en la ciencia y de forma equilibrada y correctamente dimensionadas.
El caso del tiburón
El representante del Ejecutivo gallego también abordó la propuesta de incluir el tiburón en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), sobre la que expuso el rechazo de Galicia. En este sentido, advirtió de que esta medida carece de fundamento y puede afectar la casi 130 barcos gallegos y alrededor de 1.300 tripulantes.
En esta línea, subrayó que el tiburón se encuentra en buen estado de conservación, como reconocen las organizaciones regionales de pesca implicadas en su gestión así como la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que no ve necesidad de incluirla en el convenio Cites. Además, se trata de un pescado que se distingue perfectamente del resto de especies.
En este sentido, Antonio Basanta lamentó que España primero apoyara incluir esta especie en el Cites y después reconociera problemas para emitir los certificados de comercialización necesarios en caso de que el tiburón se incorporara a la lista de recursos amenazados. Al mismo tiempo recordó el mal precedente vivido con el marrajo por la deficiente gestión del Gobierno central fruto de la descoordinación entre Ministerios.
El director general de Pesca también analizó la exclusión por parte del Ejecutivo del Estado de la industria de transformación de los productos del mar del Perte Agroalimentario a pesar de ser un sector exponente y tractor en aspectos defendidos por este instrumento, como la trazabilidad y seguridad alimentaria o la capacidad exportadora.
El representante de la Consellería del Mar incidió en que esta exclusión se añade a la decisión del Gobierno central de dejar al sector fuera de las ayudas para compensar las pérdidas derivadas de la situación de la subida de los costes operativos y de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por eso, pidió al Ejecutivo estatal que rectifique y abra estos apoyos a lo que es un eslabón fundamental de la cadena productiva del mar y de la economía de Galicia.
En este sentido, el responsable autonómico recordó que la Xunta apoya de manera constante al sector transformador de productos del mar y así lo va a seguir haciendo con el objetivo de que las empresas apuesten por la innovación y mejoren su competitividad. En la convocatoria de aportaciones de este año se aprobaron 47 proyectos de pequeñas y medianas empresas de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura por importe de más de 19 millones de euros, a los que se añaden otros tantos de inversión privada, con el que la suma total asciende la alrededor de 40 millones de euros.
Lucha contra el furtivismo
Por su parte, el subdirector del Servicio de Guardacostas, Lino Sexto, dio cuenta del resultado de los controles realizados por este departamento en el primero semestre de este año. En esta línea, expuso que en las más de 5.500 inspecciones realizadas se registraron más de 1.400 infracciones y se requisaron más de 12.600 útiles y más de 11.000 kilos de distintas especies de pescado y marisco. Segundo expuso el responsable del Servicio de Guardacostas, estas cifras reafirman el bueno resultado obtenido con la estrategia de adaptar los controles a las zonas, épocas y especies de más relevancia a lo largo del año.
Además destacó que el hecho de que hubiera un ligero incremento en las inspecciones realizadas y de que se detectaran menos infracciones demuestra que el sector está realizando una gestión responsable de los recursos del mar y concienciado con la necesidad de luchar contra el furtivismo. Además la subida de un 35% en las incautaciones de útiles y la reducción en los decomisos en un 46% refleja la efectividad de la labor para evitar la reincidencia de los furtivos mediante la retirada de los aparatos. Con esta labor de vigilancia, subrayó Lino Sexto, la Xunta busca que la ciudadanía solo adquiera los productos procedentes de los canales legales de comercialización, que son los que cuentan con todas las garantías para el consumo, y evitar el daño que provoca la actividad irregular a los profesionales del mar.
