Luisa Sánchez asegura que la decisión judicial confirma que la concejala de Seguridad tenía la obligación de actuar para evitar el siniestro y acusa a Abel Caballero de convertirse en “cómplice político” al mantenerla en el cargo
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado este lunes la destitución inmediata de la concejala de Fiestas y Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, después de que el juez instructor haya rechazado el recurso presentado por la edil contra su imputación en la causa relacionada con el accidente de la atracción conocida como el Saltamontes.
Según ha señalado la líder popular, la resolución judicial supone un nuevo revés para la responsable municipal y refuerza la tesis que el PP ha venido defendiendo desde que se produjo el suceso. Sánchez sostiene que el magistrado ratifica que Rodríguez Calviño tenía la obligación de actuar para evitar el accidente y que la responsabilidad de ordenar el precinto de la atracción recaía en ella.
El PP interpreta la resolución como un respaldo a sus denuncias
La dirigente popular ha afirmado que la decisión del juez “no deja lugar a dudas” y ha destacado que el instructor mantiene la imputación penal de la concejala. A su juicio, la resolución judicial va más allá y refuerza los argumentos que el PP de Vigo ha venido sosteniendo durante los últimos meses.
Sánchez ha recordado además que los tribunales ya se habían pronunciado anteriormente sobre este asunto y ha interpretado la nueva decisión como una confirmación de que existían responsabilidades en la actuación municipal relacionada con la instalación de la atracción.
En este sentido, ha insistido en que el accidente podría haberse evitado si se hubieran adoptado las medidas oportunas para impedir el funcionamiento de una atracción que, según la investigación, carecía de autorización.
“No debe seguir ni un minuto más en su puesto”
La presidenta del PP de Vigo ha endurecido sus críticas hacia la concejala de Seguridad y ha asegurado que su permanencia en el gobierno local resulta insostenible.
Entre los argumentos esgrimidos para solicitar su salida del ejecutivo municipal, Sánchez sostiene que Rodríguez Calviño incumplió sus obligaciones, que ha tratado de trasladar la responsabilidad a otros trabajadores y que su continuidad representa, en su opinión, un riesgo para la ciudad.
Asimismo, ha advertido de que la apertura de juicio oral se encuentra ahora más cerca tras la decisión del magistrado de mantener la imputación.
Las críticas se extienden a Abel Caballero
Las declaraciones de Luisa Sánchez también han estado dirigidas al alcalde de Vigo, Abel Caballero. La presidenta popular ha cuestionado los motivos por los que el regidor continúa respaldando a la concejala y ha considerado que su negativa a cesarla supone asumir una responsabilidad política por los hechos investigados.
La líder del PP vigués ha acusado al alcalde de guardar silencio ante una situación que considera grave y ha asegurado que mantener a Rodríguez Calviño en el cargo convierte a Caballero en “cómplice político” de lo ocurrido.
Dudas sobre el cumplimiento del código ético del PSOE
Por otro lado, Sánchez ha puesto el foco en el código ético del PSOE y ha criticado que, según afirma, ningún responsable socialista haya aclarado si se están aplicando los mecanismos internos previstos para casos como este.
La dirigente popular ha señalado directamente a Abel Caballero, a la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, y a la propia Patricia Rodríguez Calviño, a quienes reprocha no haber respondido a las preguntas formuladas por el PP sobre si la ejecutiva socialista fue informada de los delitos que se atribuyen a la concejala.
Para el PP de Vigo, la ausencia de explicaciones públicas incrementa las dudas sobre el cumplimiento de las normas éticas internas del partido y alimenta las sospechas de que el PSOE no estaría aplicando sus propios criterios de exigencia política en este caso.
La causa judicial continúa su tramitación mientras el debate político sobre las responsabilidades derivadas del accidente del Saltamontes sigue centrando parte de la confrontación entre gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Vigo.
