El Gobierno gallego reitera que tan sólo una prueba única en todos los territorios “sería capaz de blindar completamente la equidad, la igualdad de oportunidades y la justa concurrencia competitiva en un contexto de distrito único en el acceso a la universidad”

Pide que se aclare el horizonte temporal del período transitorio a lo que alude el real decreto, así como cuando se implantará el modelo definitivo

Lamenta de nuevo las prisas del Gobierno del Estado por imponer su criterio en vez de apostar por un diálogo real con las comunidades autónomas para diseñar unos criterios objetivos y homogéneos en beneficio de todos

La Xunta de Galicia viene de elevar al Ministerio de Educación los alegatos al proyecto de real decreto del Gobierno del Estado de características básicas de la prueba de acceso a la universidad, ABAU, a partir del curso 2023-24. La propuesta de Galicia se centra en una serie de aspectos enfocados a garantizar la equidad y la igualdad entre los estudiantes independientemente de su comunidad de origen a través de un marco de análisis y unos criterios de evaluación homogéneos con niveles de exigencia y corrección similares.

En todo caso, la Consellería de Educación reitera su reivindicación de una prueba única en el conjunto del Estado ya que esa sería la vía “capaz de garantizar completamente la equidad, la igualdad de oportunidades y una justa concurrencia competitiva en el contexto de distrito único de acceso a la universidad”.

No obstante, ante la falta de respuesta del ministerio en este sentido, la consellería recurre la presentación de alegatos en la fase de información pública del texto ministerial. Así pues, en lo referido al artículo 4.3 de este borrador de real decreto que alude a procedimientos “de coordinación destinados a homogeneizar la estructura general, los ejercicios y los criterios de evaluación”, el Gobierno gallego considera que esta redacción, tal y como está, tan sólo ofrece un marco general y «esquiva» uno de los problemas centrales a la hora de asegurar la equiparación de la prueba entre los distintos territorios, puesto que en la práctica “permitiría que uno mismo grupo de profesionales pudiera elaborar para una misma materia exámenes de niveles de dificultad diferentes”.

Para atajar los efectos indeseables de este artículo, la Xunta propone que la redacción de este artículo debe incluir, de manera explícita, que esto debe hacerse “mediante un control estandarizado de las pruebas que permitan homogeneizar su grado de dificultad”.

Además, demanda la creación de una comisión a nivel estatal encargada de homologar “las pruebas de cada comunidad autónoma como paso previo a su realización”. Esta comisión, que se regularía a través de un nuevo artículo 4.bis, deberá estar constituida por un grupo de expertos “con sólida formación en la elaboración de los exámenes” y que, además del control previo de homologación de las pruebas a nivel estatal, también se encargará de revisar “las cualificaciones obtenidas en todas las comunidades con la finalidad de ajustar los parámetros que preserven el principio de igualdad en el acceso a la universidad”.

Confusión sobre el calendario de implantación

La Xunta también demanda que se aclare el régimen transitorio establecido en el borrador de real decreto que, tal y como está redactado, genera “cierta confusión” al decir, por una parte, que el nuevo modelo se implantará en el curso 2023-24 y, por otro lado, remitir a un proceso temporal intermedio” sin establecer ningún marco temporal.

Por lo tanto, el Gobierno gallego pide que se especifique con total claridad el período de transitoriedad del modelo segundo el actual borrador, hasta cuando durará dicha transitoriedad y en que consistirá y cuando se implantará el modelo definitivo.

El Gobierno gallego considera que todos estos defectos son fruto de la forma “unilateral” de trabajar y de las “prisas” que tiene el actual Gobierno del Estado para imponer su único criterio, en lugar de apostar por un marco de trabajo conjunto basado en un “diálogo real” para diseñar unos criterios objetivos y homogéneos consensuados en beneficio del conjunto de la sociedad.