Resalta que “es una prioridad” para el Gobierno gallego ante “los altos precios de los alquileres y la escasez de inmuebles en el mercado”

Subrayó que a los cerca de 3800 inmuebles que hay en la actualidad, se añadirán “algo más de 1800” en los próximos cuatro años de nueva construcción, de titularidad municipal o rehabilitados en cascos históricos

El Consello conoció hoy la estrategia de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para desarrollar vivienda pública y protegida en los próximos cuatro años

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Gobierno gallego quiere incrementar el parque público residencial de Galicia en un 50% para alcanzar las 5600 viviendas en el año 2026. “En la actualidad hay 3.800 viviendas y el objetivo es incorporar algo más de 1800 inmuebles” nos próximos cuatro años, resaltó el titular del Ejecutivo autonómico, quien recordó que facilitar el acceso a la vivienda “es una prioridad” de la Xunta, especialmente en el contexto actual “con precios de alquileres altos y escasez de inmuebles en el mercado”.

Rueda explicó que, para cumplir esta meta, la Xunta va a reforzar su apuesta por el desarrollo de inmuebles de promoción pública a través de diferentes vías, al tiempo que impulsará la construcción de viviendas protegidas por parte de promotores privados y cooperativas, para lo cual pondrá a su disposición suelo residencial de su propiedad allí donde se concentra la mayor demanda.

Estas son las líneas básicas de la estrategia diseñada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que hoy fue aprobada por el Consello y que, según adelantó Rueda, contará con un presupuesto global “de casi 250 millones de euros”, de los que “el 70% son fondos propios de la Xunta y el 30% restante se financiará a cargo de los fondos Next Generation».

Hace falta recordar que el parque público de la Xunta está integrado en estos momentos por 3788 viviendas propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y de la empresa pública Xestur, que se adjudican en régimen de alquiler a precios accesibles y regulados entre las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Galicia.

En este sentido, las dificultades para acceder a una vivienda —que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía—, la subida de los precios de los alquileres y la escasez de inmuebles disponibles en el mercado, unidos a la alta demanda de vivienda pública en régimen de arrendamiento que se desprende de las estadísticas del referido registro, hacen necesario desarrollar actuaciones decididas para hacer frente a esta situación y ofrecer soluciones que respondan de forma efectiva a la dinámica actual de la oferta y de la demanda.

Para reforzar el parque residencial de la Xunta, destinado mayoritariamente al alquiler, el objetivo de la Consellería en materia de vivienda de promoción pública —aquella que ejecuta directamente a través del IGVS sobre suelo público- es incorporar algo más de 1800 inmuebles a la oferta actual, lo que supondría incrementar en casi un 50 % el número de viviendas que tiene en propiedad a día de hoy.

En concreto, tal y como explicó el presidente, el mayor refuerzo vendrá de la mano de obras de nueva construcción: “959 viviendas promovidas por el IGVS en las grandes ciudades gallegas, y otras 260, por promotores privados y ayuntamientos” gracias a las nuevas ayudas convocadas en febrero para edificar viviendas destinadas a alquiler social en edificios enerxgéticamente eficientes.

Asimismo, Rueda indicó que se va a seguir apostando por la rehabilitación a través de dos programas de éxito, como son el Rexurbe, creado en 2017 para comprar edificios en estado de abandono en cascos históricos para rehabilitarlos con el fin de obtener 157 viviendas, y las ayudas para recuperar inmuebles y edificios de propiedad municipal, que permitirán sumar al parque destinado a alquiler social en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 331 viviendas.

Además, el presidente explicó que la oferta inmobiliaria se completará “con las 125 viviendas que la Xunta compró o va a adquirir la Abanca y a la *Sareb”.

En todo caso y de forma complementaria, también se le dará un gran impulso a la vivienda protegida, es decir, aquella construida sobre suelo residencial público pero promovida por empresas privadas o cooperativas. Concretamente, la Xunta pondrá a la disposición de los promotores interesados en hacer viviendas de protección oficial el suelo urbanizado que tiene disponible: 17 parcelas con capacidad para más de 1000 viviendas.

Por otra parte, se seguirá trabajando en el acondicionamiento de suelo en Vigo (con casi 1600 viviendas públicas y protegidas previstas en San Paio) y en A Coruña (promoviendo el cambio de uso a residencial de dos quinteros, en Xuxán, para incrementar en alrededor de 500 las viviendas proyectadas en este barrio). Asimismo, se planificarán nuevos desarrollos de suelo público de la mano de los ayuntamientos para destinarlos la vivienda allí donde haya demanda.

Pacto social por la vivienda, la hoja de ruta para seguir

La Estrategia para la promoción de vivienda pública y el impulso de la vivienda protegida en Galicia se enmarca en el acuerdo suscrito a comienzos del año 2021 entre la Xunta y los principales agentes públicos y privados implicados en el sector residencial de la Comunidad.

El llamado Pacto social por la vivienda 2021-2025 constituye, desde entonces, la hoja de ruta para seguir en lo relativo a las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad. Para tal fin se marcan cuatro grandes líneas estratégicas de actuación.

La primera de ellas se centra en el acceso a la vivienda y se canaliza a través de la estrategia de la cual tomó razón hoy el Consello da Xunta. La ejecución de todas las actuaciones y programas recogidos en ella, con el fin de reforzar la actual oferta de vivienda protegida en la Comunidad (tanto de promoción pública cómo privada), requerirá de una inversión global estimado en algo más de 247 millones de euros.

De esta cuantía la mayor aportación será la de la Xunta de Galicia, que asumirá con fondos propios cerca del 70% de la inversión prevista de aquí al año 2026 —es decir, casi 170 millones de euros—. Asimismo, otros 58,5 millones de euros procederán de la Unión Europea a través del programa Next Generation UE, mientras que los 20 millones restantes serán fondos finalistas del Gobierno central.