El Ejecutivo autonómico concluye que no se puede aceptar una oferta que ignora la sentencia del Constitucional que avala la Ley del litoral y que pretende menoscabar las legítimas competencias de Galicia en este ámbito

Entre los puntos de desacuerdo, Rueda destaca que «el Estado reserva para sí la gestión de algunos títulos de ocupación», facultad exclusiva de la Comunidad gallega

Además, la propuesta de acuerdo «exige un informe vinculante para que la Xunta pueda autorizar obras o instalaciones no desmontables» y no concreta ni los medios ni la financiación que recibiría Galicia para gestionar su litoral

Tras su constitución oficial, la Comisión interdepartamental para el impulso de la Loxilga asume el compromiso de trabajar en la creación del Foro del Litoral, órgano de participación y asesoramiento, y en las Directrices de ordenación del litoral

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que la Xunta le trasladará de inmediato al Gobierno central su desacuerdo con la propuesta recibida para empezar a negociar la transferencia a la Comunidad de las funciones, servicios y medios necesarios para asumir la gestión completa del litoral al entender que limita su capacidad de acción y mantiene injerencias estatales sobre sus competencias. «Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible, después de los meses de espera tras la sentencia del Constitucional», indicó.

Una semana después de que el Ministerio de Política Territorial enviara un borrador de acuerdo para el traspaso, el Consello tomó razón esta mañana de un informe en el cual, entre otras cuestiones, se hace un análisis y una valoración detalladas del documento, llegando a la conclusión de que la Xunta no puede aceptar una propuesta que ignora el nuevo escenario abierto tras la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga) y la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló en abril su legitimidad.

Además de rechazar la propia forma del acuerdo, ya que se trata de un borrador tipo de carácter jurídico, los principales puntos de discrepancia están en su contenido. Concretamente, tal y como explicó Rueda, «el Estado propone reservar para sí la gestión de algunos títulos de ocupación», sin especificar cuales, a pesar de que esta es una facultad «exclusiva» de la Comunidad gallega, que tiene las competencias en materia de ordenación del territorio.

Asimismo, en el borrador de acuerdo remitido se proponen «la exigencia de un informe vinculante del Estado cada vez que la Xunta pretenda otorgar una concesión para obras o instalaciones no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT)», requisito que supondría una clara injerencia estatal sobre las competencias autonómicas.

Por lo expuesto y toda vez que el documento tampoco «concreta los medios o el personal que se transferiría a Galicia ni la financiación correspondiente», la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático responderá hoy mismo al Ministerio que no acepta el borrador de acuerdo del traspaso en materia de ordenación y gestión del litoral. 

Hace falta recordar que esta propuesta llega casi seis meses después de la sentencia del TC que le dio la razón a Galicia y permitió desbloquear la aplicación práctica de la Loxilga tras el recurso interpuesto por el Gobierno central. En este sentido, negociar la transferencia de las funciones y servicios de que actualmente dispone el Ministerio para gestionar la costa gallega es un paso fundamental para poder seguir con el desarrollo de la ley. «Reclamamos para Galicia lo que a Galicia le corresponde», destacó Rueda.

De hecho, en cuanto reciba el traspaso formal de los medios necesarios para asumir directamente todas sus competencias en este ámbito, la Xunta tiene el compromiso de comenzar a trabajar de inmediato en la emisión de los primeros informes y títulos relacionados con la gestión del litoral, con el horizonte puesto en enero de 2025.

Constitución de la Comisión interdepartamental

El borrador de acuerdo remitido por el Gobierno central fue uno de los puntos que centraron el día 9 de octubre a reunión constitutiva de la Comisión interdepartamental de coordinación de la ordenación del litoral, encargado de dirigir e impulsar la aplicación de la Loxilga.

Esta comisión interdepartamental será ahora la encargada de supervisar la elaboración, aplicación y seguimiento de los diferentes instrumentos de ordenación en que se apoya la ley para garantizar el cumplimiento de su principal objetivo: gestionar de forma integrada y en clave gallega las actividades humanas en el litoral para garantizar el aprovechamiento sostenible de sus recursos y la conservación de los ecosistemas costeros.

En este sentido, los miembros de la comisión»presidida por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático y de la que forman parte también las consellerías de Presidencia, Xustiza e Deportes; de Cultura, Lingua e Xuventude, y del Mar- asumieron el compromiso de trabajar en la constitución del Foro del Litoral que, como recoge la propia ley, será el máximo órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en ordenación de la franja costera.

El objetivo es construir un espacio en que estén presentes, junto a la Administración gallega, las universidades, organismos científicos, organizaciones de los sectores productivos, entidades ambientales y otras dedicadas a la defensa y protección del patrimonio cultural.

También se acordó empezar a elaborar las Directrices de ordenación del litoral (DOL), uno de los instrumentos previstos en la Loxilga y que será el marco general de referencia para la elaboración de los restantes instrumentos de ordenación del litoral y para el planteamiento y ejecución de las distintas políticas sectoriales sobre el litoral.

Pionera en regular la costa en toda su extensión

Con la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, Galicia se convirtió en la primera comunidad española en regular a través de una normativa propia e integral la franja costera en toda su extensión, es decir, tanto mar a fuera como tierra a dentro. De hecho, a través de ella la Xunta gestionará 1.600.000 hectáreas terrestres y marítimas.

Partiendo de la consideración de la costa desde una triple perspectiva (social, ambiental y económica), la ley establece una nueva zonificación de esta franja, con tres grandes áreas diferenciadas en función de su estado de conservación y necesidades particulares, al tiempo que concreta los usos permitidos y prohibidos en el litoral.

En este sentido, ofrece también un marco de seguridad jurídica al complejo mar-industria, en el cual trabajan alrededor de 40.000 personas y que genera unos 9.000 millones de euros anuales, cerca del 5 % del PIB gallego.

La normativa también delimita las actuaciones y usos estratégicos que permitirán el asentamiento y ocupación de la costa a través de las autorizaciones pertinentes. En definitiva, con la eres Galicia dará un paso decisivo para poder asumir, al fin, las competencias plenas y efectivas que le atribuye su Estatuto de autonomía sobre la gestión del DPMT, un proceso iniciado hace casi 40 años.