Destaca la necesidad de adaptar la normativa vigente -que tiene casi 30 años- «a la realidad legal, social y económica actual»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Consello dio el visto bueno a avanzar en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperativas de Galicia «que promoverá la creación de cooperativas en nuevos sectores estratégicos y permitirá simplificar los trámites de estas entidades».
Rueda destacó la necesidad de adaptar la actual normativa -que tiene casi 30 años- «a la realidad legal, social y económica de la actualidad». «Queremos ofrecer menos trabas y más apoyo a las cooperativas para que sigan siendo un motor de nuestra economía», indicó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.
El conselleiro resaltó que la futura norma -que será remitida al Parlamento en los próximos meses- «busca fortalecer y modernizar este modelo empresarial». Con este objetivo la ley pone el foco en la capacidad de esta fórmula para seguir impulsando la creación de nuevas iniciativas en sectores clave para el territorio -como los servicios sociales, la energía o la vivienda-, proporcionándoles mayor seguridad jurídica y herramientas más claras. Al mismo tiempo, incorpora medidas de simplificación administrativa y de refuerzo de la digitalización y profesionalización del sector para facilitar tanto la creación y puesta en marcha de nuevas cooperativas como la gestión y consolidación de las ya existentes, reforzando su presencia en todo el territorio gallego.
De este modo, la futura ley permitirá seguir reforzando un sector en pleno auge, que tal y como recordó el presidente «por primera vez en la historia supera el hito de las 2.000 cooperativas activas, lo que supone un 40% más que hace solo 5 años». Además, destacó que este tipo de entidades generan «mueven 3.500 millones de euros anuales» -más del 5 % del PIB gallego» y «dan empleo a más de 78.000 personas».
En este marco, el anteproyecto, elaborado tras un amplio proceso participativo con el sector -con la colaboración del Consejo Gallego de Cooperativas, el Centro de Estudios Cooperativos de la USC y de entidades como EspazoCoop y Agaca-, persigue consolidar estos datos y reforzar el papel del cooperativismo en la creación de empleo y en el impulso del emprendimiento, especialmente en el rural.
La norma actualizará, entre otras cuestiones, el régimen jurídico, incorporará herramientas para mejorar la gestión y facilitará la puesta en marcha de nuevos proyectos, fortaleciendo la autonomía organizativa de las entidades y reforzando la promoción y formación. La consideración del informe de hoy es el paso previo a la tramitación legal preceptiva -solicitud de dictámenes e informes correspondientes- antes de su aprobación definitiva en los próximos meses. Para potenciar este esfuerzo del Gobierno gallego, la Xunta recuerda la necesidad de que el Estado actualice la Lei de régimen fiscal de las cooperativas —vigente desde hace más de 30 años— para adaptarla a la nueva realidad, blindando y modernizando el régimen fiscal estatal de protección de las cooperativas y, además, que se les otorgue automaticamente cualquier beneficio fiscal aplicable a otros modelos empresariales, en línea con lo ya hecho por Galicia en el marco de sus competencias.
Nuevas tipologías de cooperativas
La nueva ley aspira a ofrecer un marco jurídico renovado que permita que el cooperativismo gane presencia y fuerza en sectores cada vez más estratégicos para Galicia. Sin embargo, uno de los ejes centrales es la incorporación de nuevas tipologías de cooperativas que están demostrando su capacidad para dar respuesta a las necesidades económicas y territoriales. Así, por primera vez se establece un marco específico para las cooperativas de trabajo asociado en el sector de los cuidados, orientadas a la prestación de servicios a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, entre otros colectivos vulnerables. El objetivo es impulsar este modelo como herramienta estratégica frente a la dispersión, el envejecimiento y la creciente demanda de servicios en el rural, favoreciendo el empleo y ofreciendo una alternativa a los ayuntamientos a la hora de prestar servicios de proximidad. De hecho, con las novedades previstas en el Registro de Cooperativas, se favorecerá una mayor visibilidad de estas iniciativas, especialmente relevante en procesos de licitación pública.
Otra novedad son las cooperativas de energía -tanto de generación y/o almacenamiento como de consumo-, que permitirán afrontar los costes energéticos en los pequeños núcleos y promover un desarrollo sostenible de las economías locales. También se recogen nuevas fórmulas cooperativas vinculadas a inmuebles destinados a actividades económicas, como residencias de la tercera edad o estudiantes, con motivo de ofrecer una solución de habitabilidad temporal a precio de coste; y se clarifica la normativa de las de vivienda en aras de mayor seguridad y protección de los socios. La norma introduce también mejoras en otras ya incluidas en la ley anterior, como transporte, enseñanza, consumo o inclusión social.
Digitalización y simplificación administrativa
La simplificación de los trámites es otro eje clave. Se establece un régimen administrativo más flexible, potenciando el papel de la web corporativa y una comunicación más ágil con socios mediante medios electrónicos. Se amplían los usos del fondo de educación y promoción -el 5 % del beneficio- para igualdad, conciliación, incorporación de gente nueva y relevo generacional, haciendo de este instrumento una herramienta eficaz para la modernización y sostenibilidad de las cooperativas.
Además, la norma impulsa la digitalización del Registro de Cooperativas, de manera que los trámites y la obtención de documentos puedan realizarse de forma automática, mejorando información y transparencia, y facilitando estudios estadísticos. Se prevé también la comunicación ágil con socios y socias mediante medios electrónicos, garantizando siempre la seguridad jurídica.
La futura ley, según resaltó el conselleiro, muestra que «Galicia apuesta por el cooperativismo que es apostar por el futuro y un modelo empresarial que sitúa en el centro a las personas». González defendió este tipo de entidades al ser «un modelo moderno, flexible y arraigado al territorio».
