La norma crea un marco normativo para regular el apoyo de la Xunta a las administraciones locales que así lo soliciten en sus competencias de abastecimiento, saneamiento y depuración
Se incentiva la gestión profesionalizada y especializada, apostando por la explotación agrupada de las infraestructuras y la aplicación de economías de escala, que permite ahorros estimados en el 10%, y se fomentará la eficiencia energética
Se priorizarán las actuaciones en las redes de saneamiento y abastecimiento para limitar las fugas, que en ocasiones superan el 40%, y evitar infiltraciones de aguas de lluvia, de mar o de los ríos, que causan gran parte de los 263 vertidos que soportan las rías gallegas
El Gobierno gallego ha aprobado el proyecto de Ley de mejora de gestión del ciclo integral del agua. Un texto que nace con la voluntad de ofrecer una gestión profesional y de calidad a los ayuntamientos que así lo soliciten, respondiendo a la demanda de ayuda de los ayuntamientos con el objetivo de gestionar estos servicios que son de su competencia.
El nuevo texto crea así un marco normativo que aspira a lograr un uso racional de los recursos hídricos, el ahorro de agua y la optimización del funcionamiento de las redes de saneamiento, con el fin de mejorar la depuración de las aguas residuales y prevenir la contaminación.
Además, refuerza la colaboración entre administraciones, ofreciendo a los ayuntamientos con dificultades un modelo de adhesión para que cedan, si así lo deciden voluntariamente, la gestión de sus sistemas de saneamiento, abastecimiento o depuración a Augas de Galicia.
En ese sentido, se da un nuevo paso en la colaboración de la Xunta con los ayuntamientos, que ha permitido dar en los últimos años un salto cualitativo en los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Algo a lo que ha contribuido, en gran medida, la movilización por parte de la Xunta de más de 1.100 millones de euros desde 2009 en la ejecución de obras e infraestructuras hidráulicas en apoyo a los municipios en el ejercicio de sus competencias.
Estas intervenciones e inversiones incidieron en la mejora de los indicadores de la calidad de las aguas y en el nivel de cumplimiento de las normativas comunitarias en la materia, pero es preciso también una buena gestión y mantenimiento de esas infraestructuras hidráulicas que permita prestar los servicios con calidad y eficacia.
Una mejor gestión
El nuevo marco regulatorio ofrece una mejor gestión, apostando por la integración de servicios y por la gestión profesionalizada y especializada de las infraestructuras y servicios asociados.
Además, se apostará por la gestión agrupada de las infraestructuras y la aplicación de economías de escala, que implica menores costes derivados de la optimización de materiales, equipos y personal, permitiendo ahorros del 10%.
Regular y ampliar el apoyo a los ayuntamientos
A día de hoy, en Galicia conviven distintos modelos de gestión del agua, desde la gestión municipal de los propios sistemas; consorcios, mancomunidades y sociedades supramunicipales; y las 28 depuradoras que son gestionadas directamente por Augas de Galicia como ayuda a los ayuntamientos.
El nuevo modelo regula este apoyo de la Xunta a los Concellos, ofreciéndoles la posibilidad, si lo desean, de encomendar la gestión de sus servicios a la administración autonómica. Una oferta extensible a la gestión de las depuradoras y a los colectores y sistemas de abastecimiento “en alta”.
De este modo, se apuesta por la igualdad de trato a todos los ayuntamientos, con un modelo único y precios homogéneos y justos en el conjunto de la Comunidad.
Apoyo económico y actuaciones en las redes
Asimismo, en aquellos ayuntamientos que soliciten que la Xunta asuma la gestión de uno de sus sistemas del ciclo del agua, la administración autonómica realizará una auditoría completa y, en caso de estimarse necesario realizar determinadas obras, financiará un tercio del coste de las actuaciones necesarias, siendo aportado otro tercio del coste por el ayuntamiento.
Estos acuerdos dejan abierta la fórmula para el resto de la financiación, el otro tercio restante, seran los ayuntamientos los encargados de buscarlo en el momento de la firma de los mismos.
UNO DE LOS OBJETIVOS es reducir las fugas de las redes de abastecimiento municipal, que en ocasiones superan el 40%
Además, se priorizarán las actuaciones en las redes con el fin de limitar las infiltraciones de aguas blancas y los vertidos contaminantes, así como la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, con el fin de aumentar la eficiencia de los sistemas.
El objetivo es reducir las fugas de las redes de abastecimiento municipal, que en ocasiones superan el 40%, y de evitar las infiltraciones de aguas de lluvia, de mar o de los ríos, que suponen ineficiencias en los sistemas de saneamiento y depuración, causando gran parte de los 263 vertidos que aún soportan las rías gallegas.
Para facilitar esta tarea, Augas de Galicia elaborará 4 directrices técnicas: para el control de vertidos; para el saneamiento y depuración de pequeños núcleos de población, aglomeraciones urbanas de menos de 2.000 habitantes, fomentando el empleo de procesos de depuración extensivos con un bajo consumo energético y de reactivos; para mejorar la gestión de las aguas pluviales y reducir la entrada de aguas blancas en las redes de saneamiento; y para el fomento de la eficiencia energética de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Sobre esta base, y de cara a garantizar la viabilidad económica y financiera en la gestión del agua y permitir la recuperación de los costes de los servicios, la ley reordena los tributos existentes, con una denominación más acorde a su objeto, pero sin crear nuevas tasas que repercutan en los usuarios, preservando y garantizando la potestad tributaria de los municipios.
De este modo, no se afecta a las tarifas municipales, siendo los ayuntamientos los que mantienen la capacidad de decisión sobre el recibo final de sus servicios municipales, entre ellos, el recibo del agua. La Xunta ha apostado por la transparencia y la participación real y efectiva en la tramitación de la ley, que fue sometida al trámite de consultas públicas, ampliándose hasta en dos ocasiones con el fin de favorecer la posibilidad de hacer aportaciones y sugerencias.