Tras horas de retraso deliberando en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy, finalmente el Gobierno ha decretado el estado de alarma como medida para controlar la expansión de la pandemia. El real decreto, tal y como ha informado el propio presidente, entrará en vigor está misma noche. ¿Pero que consecuencias tiene la declaración del estado de alarma para los ciudadanos?

Se trata de una medida extraordinaria y con la que el Gobierno toma las riendas de una situación grave para restablecer la normalidad, extremar la coordinación entre administraciones y hacer un uso especial y temporal de los recursos tanto públicos como privados. En estas circunstancias, el Gobierno estará capacitado también para sancionar la desobediencia o el incumplimiento de las normas impuestas.

El uso de esta medida debe ser proporcionada y entre las causas que justifican su decreto se encuentran precisamente las situaciones de crisis sanitarias, tales como epidemias y contaminaciones graves. El Gobierno puede aplicarlo a un territorio concreto, pero en este caso la medida afectará a todo el conjunto de la nación. La decisión y su declaración se ha producido tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros celebrado a lo largo de todo el día de hoy.

El estado de alarma en principio tendrá una duración de 15 días, aunque este plazo podría prolongarse en caso de ser necesario. Esta decisión solo se tomaría con la autorización del Congreso de los Diputados, pero tal y como ha declarado Sánchez en su comparecencia pública, la ampliación de este estado de alarma es una medida que se contempla. Esta afirmación unida a las declaraciones de los últimos días en las que los diferentes líderes de la oposición, como Pablo Casado, manifestaban la posibilidad de ofrecer su apoyo para ampliar este estado de alarma, hace que se convierta en una posibilidad más que posible. Una vez que se activa el estado de alarma, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los funcionarios y los trabajadores de las Administraciones estarán a disposición de la autoridad competente y se podrán solicitar servicios extraordinarios. Asimismo, el presidente del Gobierno ha señalado que también se dispondrá de las Fuerzas Armadas en cuanto sea necesario y que «el ejército ya está preparado para ello».

¿Qué implica para los ciudadanos?

Durante el estado de alarma se aplica el Artículo 6. Limitación a la libertad de circulación. Esta medida impide salir del hogar por motivos de ocio y solo se permitirá circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  • Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  • Asistencia a centros sanitarios.
  • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • Retorno al lugar de residencia habitual.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • Desplazamiento a entidades financieras. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

También se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas anteriormente o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

El incumplimiento de las medidas contempladas en el estado de alarma puede acarrear sanciones leves o graves en función del tipo de infracción. En cuanto a los funcionarios públicos o autoridades, supondría una suspensión inmediata de sus funciones en casos de desobediencia o incumplimiento de sus funciones.

Está será la segunda vez en periodo de democracia que se aplica el estado de alarma. La primera fue con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando se produjo la crisis de los controladores aéreos que provocó un caos en el sector aeroportuario español y que se prolongó hasta los 43 días de duración.