Los regidores de Pontevedra (BNG), Madrid (PP), Cadiz (Podemos), Bilbao (PNV), Granada (Ciudadanos), Lleida (Esquerra), Reus (Junt per Reus), Murcia (PP) y Tenerife (CC) se unen contra la decisión adoptada el lunes gracias al voto de calidad del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero
La aprobación el lunes del acuerdo FEMP – Gobierno central para el uso los remanentes municipales -ese dinero recaudado y no ejecutado que los ayuntamientos acumulan en caja y que no podían usar por ley- parecía suponer el punto final de una guerra que llegó a fraccionar a los dos socios del Ejecutivo nacional, derivando en la abstención de Podemos en dicha votación.
Sin embargo, con el paso de los días, ese punto final se ha convertido en seguido, demostrando que el acuerdo se cerró en falso. No en vano, se alcanzó con un empate a 12 que sólo pudo resolverse tirando del ‘voto de calidad’ del alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero. Un peso específico al que se acudía por primera vez en la historia de la Federación Española de Municipios y Provincias y que no hacía sino constatar la división del municipalismo.
Una sensación que se ha ido acrecentando durante la semana, que termina con todas las fuerzas políticas menos el PSOE en contra del mencionado acuerdo. Este, básicamente, además de crear algún que otro fondo como el de transporte para paliar pérdidas de las concesionarias municipales durante el estado de alarma, viene a suponer que el Ministerio de Hacieda recauda los 14.000 millones de remanentes -cerca de 100 en el caso de Vigo- ofreciendo, a cambio, un fondo de 2.000 millones este año y de 3.000 el que viene a aquellas corporaciones que cedan. La devolución de los 14.000 millones se produciría a partir de entonces y a diez años.
Una decisión contra la que se han posicionado hoy, vía telemática, alcaldes de varios municipios de España de todos los colores políticos. Un encuentro virtual en el que ha participado convocado por el alcalde de Zaragoza, el ‘popular’ Jorge Azcón, y en el que han tomado parte el regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG); el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP); el regidor de Cádiz, José María González, ‘Kichi’ (Adelante Cádiz- Podemos); el de Bilbao, José Mari Aburto (PNV); el de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos); el de Lleida, Miquel Pueyo (Esquerra Republicana); el de Reus, Carlos Pellicer (Junts per Reus); el de Murcia, José Francisco Ballesta (PP); así como el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria).
Un frente de alcaldes que, como ha detallado Lores, expresan su «rechazo» al real decreto de Hacienda derivado del acuerdo de la FEMP por considerarlo «injusto, discriminatorio y que viola la autonomía municipal». Entre otras cuestiones, piden «que haya una financiación directa independientemente de la situación financiera de los ayuntamientos» para atender a la situación derivada del Covid-19.
En este sentido, Lores ha advertido que con la propuesta de la FEMP «todos los ayuntamientos salen perjudicados porque, de alguna manera, están haciendo una incautación de los remanentes municipales». «No es un acuerdo de reparto de 5.000 millones, es un acuerdo de incautación de 14.000 millones«, ha subrayado.
Asimismo, el regidor pontevedrés ha demandado también «respeto a la autonomía municipal» para definir en qué se gasta ese dinero: «Los ayuntamientos somos mayores de edad y sabemos qué es lo que tenemos que hacer«. En este sentido, van a solicitar «que se levante la regla de gasto, déficit y endeudamiento» contempladas en la Ley de Estabilidad financiera «por lo menos durante el ejercicio 2021».
Traslado al Ministerio de Hacienda
Este posicionamiento será trasladado al Ministerio de Hacienda, al tiempo que se hará una invitación para sumarse a todos los alcaldes de las capitales de provincia y de los municipios de más de 100.000 habitantes que deseen hacerlo.
Lores ha insistido en que los ayuntamientos respetaron la llamada ‘Ley Montoro’ que les impedía usar el dinero no ejecutado, pero que ahora ese remanente «nos los incauta el Estado que durante todos estos años aumentó de una manera exponencial la deuda».