El acuerdo incorporaba la jornada intensiva de mañana en julio, el complemento de incapacidad temporal por enfermedad común o el complemento por discapacidad, además de incluir una subida de sueldos del 4,75% para 2022 y del 3% para 2023, con cláusula de revisión salarial a IPC
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulo el convenio de la construcción de la provincia de Pontevedra tras una demanda que presentó la patronal estatal. Este convenio había entrado en vigor el 9 de junio tras haber sido firmado en mayo por la asociación empresarial del sector y la parte sindical, en concreto, por la CIG, que cuenta con la mayoría absoluta en la mesa de negociación.
El acuerdo incorporaba la jornada intensiva de mañana en el mes de julio, el complemento de incapacidad temporal por enfermedad común, el complemento por discapacidad, o las indemnizaciones por despido en el sector de conservación de carreteras y vías férreas, además de incluir una subida de sueldos del 4,75% para 2022 y del 3% para 2023, con cláusula de revisión salarial a IPC.
La patronal estatal presentó un recurso judicial contra el convenio y en la vista no participó la central sindical gallega, que asegura que no le llegó a tiempo la notificación.
La CIG considera un «golpe de estado» contra los derechos del personal de la construcción de Pontevedra la decisión del TSXG de declarar nulo el convenio y critica que «el empresariado pretenda imponer un marco estatal que empeora las condiciones salariales y laborales».
En la central sindical lamentan que tanto la patronal estatal como los sindicatos CCOO y UGT estén en la dinámica de boicotear o entorpecer las mejoras que se alcanzan, intentando imponer lo que se pacta en Madrid “aunque suponga unas condiciones miserables que empobrecen el personal del sector a nivel provincial como viene se suceder”, apunta el secretario nacional de la CIG-Construcción, Plácido Valencia.
Comisiones Obreras indica en un comunicado que, junto a UGT, había advertido del «peligro de firmar un documento no ajustado a derecho». «Se vulneraba el convenio estatal así como derechos ya consolidados para más de 17.000 trabajadores, como el pago de atrasos, contrato fijo de obra o subrogación», sostiene Comisiones.