«Creo que es un nuevo llamamiento a la Administración General del Estado: existe un enriquecimiento injusto de las bonificaciones del peaje de la AP-9, y no debe ser Galicia quien subvencione los peajes de la AP-9 porque es una autopista de titularidad estatal», subraya la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez
El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Xunta de Galicia y la ha eximido del pago de los peajes en sombra en Rande y A Barcala, una exigencia que había reclamado Audasa y que el Gobieno gallego entiende que no debía atender al tratarse de una vía de titularidad estatal.
En este sentido, la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ha recordado hoy que el acuerdo alcanzando con el Gobierno de Rajoy en el año 2017 determinado que «una infraestructura estatal como la AP-9 no debe ser Galicia quien subvencione ese pago por uso de la autopista, la bonificación de los peajes». «Debe ser la propia Administración general del Estado», ha puntualizado Vázquez.
A este respecto, la titular del departamento autonómico subraya que la sentencia del Supremo no hace sino darle la razón a la Xunta, que no deberá, por lo tanto, abonar los más de 14 millones de euros que Audasa estaba reclamando.
«Creo que es un nuevo llamamiento a la Administración General del Estado, que tome nota de esta nueva sentencia del Supremo: que existe un enriquecimiento injusto de las bonificaciones del peaje de la AP-9 y también que no debe ser Galicia quien subvencione los peajes de la AP-9 porque es una autopista de titularidad estatal», ha resaltado la conselleira, que también ha recordado que el Consejo de Estado dictaminó en su momento en el mismo sentido en que lo acaba de hacer el Supremo al tiempo que alertaba que se estaba produciendo un «enriquecimiento injusto» por parte de Audasa.
El tramo entre Rande y O Morrazo -al igual que el que une A Coruña y A Barcala- pasaron a ser gratuitos en 2006; un coste que debía ser asumido por la Administración. Esta forma de actuar es lo que se denomina peaje en sombra. No obstante, la decisión multiplicó el número de usuarios de la autopista, por lo que el Gobierno central, bajo la presidencia de Rajoy, modificó por decreto el sistema de cálculo del peaje con el objetivo de evitar el mencionado «enriquecimiento injusto».