Los populares exigen transparencia al Gobierno y denuncian que la reforma de Costas busca “expulsar actividad” del litoral gallego
El debate sobre el futuro del litoral gallego ha irrumpido con fuerza en el Parlamento autonómico tras la ofensiva del PPdeG contra la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno central. Los populares advierten de que esta reforma podría tener un impacto directo sobre miles de familias y empresas, al afectar a 25.000 empleos vinculados al dominio público marítimo-terrestre y a una actividad económica que alcanza los 3.700 millones de euros.
El portavoz de Pesca y Marisqueo del Grupo Popular, Miguel Fidalgo, defendió en el pleno una proposición no de ley en la que reclama más transparencia, información completa y una participación real de las comunidades costeras en un proceso que considera clave para el futuro económico de Galicia. En su intervención, el diputado incidió en que lo que está en juego no es solo una modificación normativa, sino la estabilidad de sectores estratégicos como la pesca, el marisqueo, la acuicultura o la industria transformadora del mar.
Un modelo económico en riesgo en toda la costa gallega
Fidalgo fue especialmente crítico con el planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de utilizar la normativa europea como pretexto para introducir cambios de gran calado. Según explicó, la consulta pública previa iniciada el pasado 1 de marzo se justificó en un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, pero, a su juicio, la verdadera intención es “expulsar progresivamente toda actividad del litoral”.
En este sentido, alertó de que la reforma contempla medidas como la eliminación de prórrogas extraordinarias y la posibilidad de revisar concesiones en vigor, lo que afectaría directamente a bateas, fábricas conserveras, plantas de congelado, depuradoras o instalaciones acuícolas, además de servicios portuarios y otras actividades clave para la economía gallega.
Críticas a la “falta de diálogo” y a la gestión del Gobierno central
Durante su intervención, el diputado popular denunció que el proceso se está llevando a cabo sin contar con Galicia ni con los territorios directamente afectados. “Nuestro litoral no se puede decidir desde un despacho en Madrid sin contar con nosotros”, afirmó, subrayando la necesidad de incorporar a las comunidades costeras en la toma de decisiones.
Fidalgo también criticó lo que calificó como un procedimiento “lleno de irregularidades”, señalando que el Gobierno central intentó tramitar la reforma por vía de urgencia sin revisar previamente la ley. Según explicó, solo la presión ejercida desde Galicia, tanto en Madrid como en Bruselas, obligó al Ejecutivo a rectificar parcialmente.
Más de 30 municipios afectados y sectores clave en juego
El impacto de esta modificación, según el PPdeG, no se limita a casos puntuales, sino que afecta a más de una treintena de municipios costeros y a sectores considerados pilares de la economía gallega, como el turismo, la hostelería y toda la cadena mar-industria.
En este contexto, Fidalgo contrapuso la gestión de la Xunta con la del Gobierno central, destacando que Galicia ha tramitado más de 900 expedientes en materia de ordenación del litoral, frente a los cerca de 140 que, según denunció, permanecían paralizados durante más de cinco años y otros 194 que aún no han sido remitidos a la comunidad.
Un conflicto político con el litoral como eje
El portavoz popular enmarcó esta situación en una dinámica de enfrentamiento institucional, asegurando que Galicia se ve obligada a “librar una batalla tras otra” frente a decisiones del Gobierno estatal. A su juicio, la reforma de Costas representa un nuevo episodio de esa tensión, con consecuencias directas sobre el tejido productivo y el equilibrio territorial.
Con esta iniciativa parlamentaria, el PPdeG busca forzar al Ejecutivo central a abrir el proceso, aportar claridad sobre sus objetivos y garantizar que cualquier cambio normativo cuente con el consenso de las comunidades afectadas, en un momento en el que el futuro del litoral gallego vuelve a situarse en el centro del debate político y económico.