Pepa Pardo critica la posición de los nacionalistas gallegos durante la tramitación de una reforma que el PP considera una reivindicación histórica del colectivo penitenciario
La senadora pontevedresa defiende reforzar también los medios, los protocolos frente a agresiones y la asistencia jurídica y psicológica a los trabajadores
El Partido Popular de Pontevedra ha criticado el voto contrario del BNG en el Senado a la reforma legal destinada a reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios y al resto del personal penitenciario.
La senadora por Pontevedra Pepa Pardo reprochó a los nacionalistas gallegos su posición durante la votación y destacó la importancia que, a juicio del PP, tiene esta modificación para mejorar la protección jurídica de los profesionales que trabajan en las prisiones.
Según expuso la parlamentaria popular, la reforma fue aprobada definitivamente el pasado miércoles en la Cámara Alta y responde a una demanda que el colectivo penitenciario venía planteando desde hace años.
Pardo centró buena parte de sus críticas en que el BNG votase en contra de la norma junto a formaciones como EH Bildu y Esquerra Republicana, una circunstancia que el PP utilizó para cuestionar la posición de los nacionalistas gallegos respecto a las demandas del personal penitenciario.
“El BNG volvió a perder una oportunidad de oro para defender a los profesionales que garantizan la seguridad desde las prisiones”, sostuvo la senadora.
Más protección frente a las agresiones
El PP señala que la nueva regulación pretende reforzar la seguridad jurídica de estos trabajadores y contempla que la Administración deba resarcir los daños personales o materiales que puedan sufrir durante el ejercicio de sus funciones.
La formación considera que este reconocimiento puede ofrecer una mayor protección frente a las agresiones que se producen en el ámbito penitenciario, aunque advierte de que la modificación legal debe ir acompañada de otras medidas.
Entre las prioridades planteadas por los populares figuran un incremento de los medios materiales y humanos, protocolos específicos frente a las agresiones, programas de formación especializada y una mayor asistencia jurídica y psicológica para los trabajadores.
Pardo calificó el reconocimiento como “un paso de gigante”, pero insistió en que todavía es necesario avanzar en las condiciones de seguridad y protección del personal penitenciario.