El PP reclama al Gobierno central 434 millones por la atención a la dependencia en Vigo y su entorno

Los populares acusan al Estado de incumplir su obligación legal y llevar a Galicia a una situación de discriminación social y financiera

El PP Provincial de Pontevedra ha exigido este viernes al Gobierno de España el pago inmediato de lo que considera una “deuda histórica” con Galicia por el sistema de atención a la dependencia. Solo en la ciudad de Vigo, los impagos alcanzan los 240,3 millones de euros, cifra que se eleva hasta los 433,9 millones si se incluyen los concellos del sur de la provincia, como O Baixo Miño, O Condado o A Paradanta.

Los populares presentarán una moción en el próximo pleno de la Diputación de Pontevedra para exigir al Estado el abono de estos fondos, que, según afirman, “han tenido que ser adelantados por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos” para no interrumpir la prestación de servicios básicos. En total, el déficit en financiación de la dependencia en Galicia asciende a 2.500 millones de euros, según los datos manejados por el PP.

En la iniciativa también se reclama el cese de los recortes en esta materia. En 2023, el Gobierno central financió solo el 40% del coste del sistema, muy lejos del 50% que establece la Ley de Dependencia de 2006. Pero en 2024, esa aportación bajó aún más, quedando en un 34,9%, y las previsiones para 2025, sin Presupuestos Generales del Estado, son aún más preocupantes.

Luis López, presidente provincial del PP y de la Diputación, trasladó esta “seria preocupación” al Ministerio de Derechos Sociales, junto a la conselleira de Política Social, Fabiola García, en una reunión con representantes municipales. López advirtió que Galicia es la segunda comunidad más envejecida de España, con 77.000 personas declaradas dependientes, de las cuales más de 23.000 residen en la provincia de Pontevedra.

“Todo lo bueno que se está haciendo en Galicia podría ser aún mejor si el Gobierno de España pagase lo que nos debe”, sentenció López, quien acusó al Ejecutivo central de “abandonar a los más vulnerables mientras exige a las comunidades que hagan más sin aportar los recursos necesarios”.