Luis López y Fabiola García reclaman al Ejecutivo central que asuma el 50% del SAF y abone “de manera inmediata” una deuda acumulada que en Galicia asciende a 2.900 millones de euros
El Partido Popular de Pontevedra ha intensificado su ofensiva política en materia de dependencia. El presidente provincial del PP, Luis López, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, reclamaron al Gobierno central que cumpla con la financiación prevista en la Ley de Dependencia y que abone “de manera inmediata” la deuda acumulada con Galicia, que cifran en 2.900 millones de euros, de los cuales cerca de 900 millones corresponderían a la provincia de Pontevedra.
La exigencia se trasladará al pleno de la Deputación de Pontevedra a través de una moción del PP provincial con la que se busca instar al Ejecutivo estatal a asumir el 50% del coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tal y como establece la normativa.
Una provincia “especialmente afectada”
Durante una reunión celebrada con alcaldes y portavoces populares de la provincia, Luis López aseguró que Pontevedra es “una de las provincias más afectadas” por el déficit de financiación estatal en materia de dependencia. Según defendió, la deuda acumulada ronda los 900 millones de euros, una cifra que, a su juicio, lastra la capacidad de reforzar el sistema de atención.
El dirigente popular subrayó que el SAF es uno de los pilares fundamentales del modelo asistencial, permitiendo que alrededor de 23.000 personas con dependencia en Galicia reciban cuidados en sus propios domicilios. Por ello, insistió en que el abono inmediato de los fondos pendientes resulta clave para garantizar la calidad y estabilidad del servicio.
El debate sobre la financiación al 50%
Por su parte, Fabiola García recordó que la Ley de Dependencia establece una financiación compartida al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno central no está cumpliendo con ese compromiso en los términos previstos.
La conselleira reclamó un plan de financiación estable y plurianual que permita a las comunidades autónomas planificar con previsibilidad la mejora de los servicios y garantizar que todas las personas con derecho reconocido puedan acceder a las prestaciones sin demoras injustificadas.
Gestión del SAF y confrontación política
En el plano político, García señaló que el 69% de los concellos gobernados por el PSOE y el 66% de los dirigidos por el BNG tienen completamente externalizada la gestión del SAF, frente al 58% en los municipios gobernados por el PP.
No obstante, recordó que el SAF es un servicio comunitario básico de competencia municipal, tal y como recoge la Ley de Servicios Sociales de Galicia, y que cada ayuntamiento puede optar por el modelo de gestión que considere más adecuado, ya sea público o externalizado.
Más fondos de la Xunta para 2026-2028
Frente a las críticas al Ejecutivo central, la Xunta destaca el incremento de su aportación económica. El Gobierno gallego ha acordado con la FEGAMP una subida progresiva de la financiación por hora del SAF hasta alcanzar los 18 euros en 2028, partiendo de los 12 euros actuales.
El calendario prevé que la aportación autonómica se sitúe en 16 euros por hora este año, 17 en 2027 y 18 en 2028, lo que supondrá una inversión adicional de 150 millones de euros en tres años. En el caso de la provincia de Pontevedra, los 61 concellos recibirán 37,2 millones de euros extra entre 2026 y 2028, elevando la inyección total a 126,6 millones en ese periodo.
Además, los presupuestos autonómicos de 2026 refuerzan la partida destinada al SAF hasta los 148 millones de euros, ocho más que en el ejercicio anterior.
Petición de retirada de un recurso estatal
Finalmente, la conselleira instó al Gobierno central a retirar el recurso presentado contra el Plan de choque de la Xunta, que, según indicó, está impidiendo el reconocimiento automático de la discapacidad a 2.600 gallegos.