Los populares llevarán al pleno de la Diputación una moción para exigir al Gobierno central que garantice conexión de al menos 100 megas en todo el territorio
El Partido Popular de la Diputación de Pontevedra ha puesto el foco en la persistente falta de acceso a internet de alta velocidad en varias comarcas del sur de la provincia, una situación que, según denuncian, afecta directamente a más de 23.000 vecinos del Baixo Miño, A Louriña y Val Miñor.
El grupo provincial popular formalizará una moción para exigir al Gobierno de España una implantación “real y urgente” de conexiones de al menos 100 megabits, una infraestructura que consideran esencial en el siglo XXI. La iniciativa será debatida en el pleno provincial del próximo 24 de abril.
Impacto en empresas, teletrabajo y servicios básicos
Desde el PP alertan de que esta carencia está teniendo consecuencias directas en la vida diaria. Empresas, estudiantes, teletrabajadores e incluso servicios como la telemedicina o la teleasistencia se ven condicionados por la falta de conectividad, dificultando el desarrollo económico y social de estas zonas.
El diputado provincial Ricardo Martínez subrayó que “internet es la gran infraestructura del siglo XXI” y criticó que existan todavía “zonas de sombra” en la provincia, acusando al Ejecutivo central de incumplir los plazos comprometidos.
Datos que evidencian el retraso
Las cifras aportadas reflejan la magnitud del problema: en municipios como Gondomar y Tomiño, solo el 64% y el 73% de la población, respectivamente, dispone de conexión adecuada. En términos absolutos, miles de vecinos siguen sin acceso en condiciones en localidades como Tui, Mos o O Porriño.
Además, el PP recuerda que el objetivo europeo fijado para 2025 —garantizar cobertura de 100 megas al 100% de la población— está lejos de cumplirse en la provincia.
Reclamación de inversiones urgentes
Los populares reclaman una mayor inversión estatal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, insistiendo en que la conectividad digital es un derecho básico y una herramienta clave para evitar la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio.