La presidenta popular tacha el proyecto de “tomadura de pelo” y reclama acelerar la creación de una empresa municipal de vivienda
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha arremetido con dureza contra el proyecto Casa47, impulsado por el Gobierno central y el Concello, al que acusa de no ofrecer alquileres realmente asequibles ni accesibles para la mayoría de la población viguesa. La dirigente popular ha instado al alcalde, Abel Caballero, a acelerar de una vez la creación de una empresa municipal de vivienda que permita dar una respuesta “real y estructural” al principal problema social de la ciudad.
Según Sánchez, tras el anuncio de la puesta en el mercado de 67 viviendas en un edificio de la Gran Vía, la realidad ha demostrado que “ni se trata de alquileres baratos ni están disponibles para todas las rentas”, con precios que llegan a 900 euros mensuales y condiciones que excluyen a buena parte de quienes cobran el salario mínimo, al fijar que el alquiler no supere el 30% de los ingresos del solicitante.
Pisos sin amueblar y sin cocina
La presidenta del PP local ha criticado además las condiciones materiales de las viviendas, que se ofertan vacías, sin amueblar y sin cocina ni fregadero, obligando a los inquilinos a asumir gastos adicionales importantes. A ello se suma, según señaló, una carencia máxima de dos meses de alquiler, una medida que considera claramente insuficiente para afrontar las adaptaciones necesarias.
Un mercado del alquiler cada vez más caro
Estas críticas se producen en un contexto en el que el alquiler medio en Vigo se encareció un 7% en el último año, situando a la ciudad entre las diez más caras de España en este ámbito. Para Sánchez, este escenario evidencia la incapacidad del gobierno municipal en política de vivienda, tras casi dos décadas al frente del Concello.
Reclamo de una empresa municipal de vivienda
Desde el PP recuerdan que llevan años reclamando la creación de una empresa municipal de vivienda, una herramienta ya existente en otras ciudades de tamaño similar, y lamentan que siga sin estar operativa. También cuestionan la dotación prevista de 4,5 millones de euros, que consideran claramente insuficiente para impulsar vivienda pública de forma efectiva.
Sánchez contrapuso esta situación con la construcción de 1.600 viviendas de protección pública en Vigo, muchas destinadas a alquileres verdaderamente accesibles, financiadas mayoritariamente por la Xunta y en parte con fondos europeos, sin aportación económica del Gobierno central. A su juicio, tanto el Ejecutivo estatal como el alcalde deberían rectificar el modelo de Casa47 y adaptarlo a las necesidades reales de la ciudadanía.