Los diputados Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón acusan al Ejecutivo de opacidad y falta de transparencia
Los populares critican que la respuesta del Gobierno no concrete las cifras reales de la provincia
Los diputados nacionales del PP de Pontevedra, Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón, pidieron explicaciones al Gobierno de España por la situación en la gestión de las prestaciones públicas de la Seguridad Social en la provincia.
Los parlamentarios calificaron de “burla a los ciudadanos” la respuesta por escrito del Ejecutivo a una batería de preguntas presentada en el Congreso sobre los plazos de tramitación, los expedientes pendientes y los retrasos en el cobro de determinadas ayudas.
En su iniciativa parlamentaria, los diputados pontevedreses solicitaban conocer el tiempo medio real de espera desde 2017 para tramitar prestaciones, el retraso específico en el cobro del complemento por brecha de género o maternidad y el volumen total de expedientes pendientes de resolución, desglosados por tipo de prestación en la provincia de Pontevedra.
Según denuncian los populares, la contestación oficial del Gobierno central evita concretar las cifras reales de Pontevedra y se limita a remitir un listado con los márgenes máximos que permite la ley.
El Ejecutivo defiende en su respuesta que “los plazos de resolución de las distintas prestaciones son considerablemente inferiores al plazo legal de resolución contemplado en la normativa vigente”.
Desde el PP lamentan que el Gobierno utilice la burocracia y afirmaciones genéricas como “una cortina de humo” para ocultar, a su juicio, las carencias del sistema.
“Si de verdad los plazos reales son tan inferiores a los legales como dicen, no entendemos por qué les niegan a los pontevedreses la transparencia de dar las cifras oficiales”, denunciaron Garrido, Puy y Bayón.
Los diputados populares sostienen que “copiar la ley no soluciona la desesperación de quien espera meses por una ayuda vital sin conseguir siquiera una cita presencial”.
Por este motivo, avanzaron que volverán a exigir en sede parlamentaria las estadísticas reales y desagregadas correspondientes a la provincia de Pontevedra.