Loli Hermelo reclama ampliar el plazo de consulta pública y que el Gobierno central facilite toda la información sobre el expediente abierto por la Comisión Europea
El PP de Pontevedra ha denunciado la falta de transparencia en el proceso de reforma del Reglamento General de Costas, al considerar que el Gobierno central pretende modificar la normativa “por la puerta de atrás” y escudándose en exigencias de la Unión Europea.
La diputada autonómica y portavoz popular en Cangas, Loli Hermelo, criticó que el Ejecutivo limite la consulta pública previa a 15 días, el plazo mínimo recogido en la legislación vigente. “Es necesario exigir un mayor plazo para la presentación de aportaciones y conocer todos los detalles y fines de esa pretendida reforma legislativa”, subrayó.
Hermelo aseguró que se repite el mismo “modus operandi” que en 2018 y 2024, cuando el Gobierno intentó modificar la normativa restringiendo, a su juicio, la participación ciudadana. En el primer caso, recordó, el Tribunal Supremo anuló la reforma por un defecto de forma, y en el segundo fue el propio Ejecutivo quien paralizó el procedimiento ante el rechazo de las comunidades autónomas costeras.
La diputada popular lamentó lo que calificó como “un tercer intento de oscurantismo” y reclamó al Gobierno que aporte toda la información sobre el alcance real de la reforma y que aclare qué es lo que solicita exactamente Bruselas. En este sentido, señaló que la Xunta ha solicitado en varias ocasiones acceso al contenido del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea sin obtener respuesta.
Ante esta situación, Galicia presentará alegaciones —cuyo plazo finaliza el próximo jueves— en las que exigirá al Ministerio que remita toda la documentación relativa al procedimiento iniciado por la Comisión Europea, que detalle con claridad el alcance de la modificación del reglamento y que amplíe a un mes el plazo de consulta pública previa para garantizar una participación efectiva.
Hermelo reiteró el compromiso de la Xunta de defender un marco normativo “claro, estable y previsible”, y reclamó lealtad institucional, participación real de las comunidades autónomas y que cualquier reforma se base en informes técnicos rigurosos y en el respeto a la realidad del litoral gallego y de su cadena mar-industria.