Luisa Sánchez anuncia alegaciones al proyecto de la Empresa Municipal de Vivienda y propone destinar hasta 60 millones de euros de remanentes para impulsar más promoción pública
La creación de la futura Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo) ha abierto un nuevo frente político entre el gobierno local y la oposición. El Partido Popular ha criticado este martes el proyecto impulsado por el Concello al considerar que nace con «falta de ambición» y que tendrá un impacto muy limitado sobre el acceso a la vivienda en la ciudad.
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, explicó que los populares optaron por la abstención durante la aprobación inicial del proyecto en la Gerencia de Urbanismo y anunció la presentación de alegaciones para modificar el planteamiento de la nueva sociedad municipal.
La oposición cuestiona el alcance del proyecto
Según el PP, la empresa municipal solo promoverá de forma directa 66 de las 200 viviendas protegidas previstas en Santa Cristina, mientras que las otras 144 quedarían supeditadas al interés de promotores privados que desarrollarían parte de los terrenos municipales. Además, sostiene que esas viviendas no estarían finalizadas, en el mejor de los casos, hasta el año 2030.
Los populares también cuestionan el modelo de financiación previsto. Según indican, el expediente contempla la posibilidad de solicitar un préstamo ICO de diez millones de euros a treinta años para ejecutar la promoción de Santa Cristina, una operación que, aseguran, supondría devolver alrededor de 18 millones de euros entre principal e intereses.
El PP propone utilizar los remanentes municipales
Frente a ese planteamiento, Luisa Sánchez defiende que el Concello utilice parte de sus remanentes de tesorería para financiar directamente las promociones de vivienda protegida. En concreto, plantea movilizar hasta 60 millones de euros para convertir EMVigo en una herramienta con mayor capacidad de actuación sobre el mercado inmobiliario.
La dirigente popular también sostuvo que la creación de la empresa municipal supone reconocer que el Concello dispone de competencias para intervenir en materia de vivienda, una posibilidad que, según el PP, el gobierno de Abel Caballero había descartado durante los últimos años.