Hasta cuatro mociones abordan diferentes cuestiones sobre la vuelta a clase, que mañana tendrá lugar para la mayoría de alumnos de Infantil y Primaria
Con los votos a favor de PSOE, BNG y Maria, y la abstención del PP, la Corporación urge a la Xunta a acordar con las ANPAs la gestión de comedores
El Pleno municipal de Vigo coincidía esta vez, voluntaria o involuntariamente, con la víspera del inicio del curso escolar, marcada por las medidas de seguridad y la polémica en esta época de Covid. La casi coincidencia en fechas -las sesiones suelen celebrarse el último miércoles de mes, pero al ser agosto se aplazó- invitaba a lo que finalmente ha sucedido: más allá de la polémica sobre el remanente, el pleno se convirtió en un serial sobre educación.
En este escenario, las mociones planteadas por el gobierno salieron adelante con facilidad, apoyadas por BNG y Marea de Vigo. Entre ellas, destaca el acuerdo para urgir a la Xunta a consensuar con la Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos (Foanpas) la gestión de los comedores escolares y dotarla de los recursos necesarios, que contó con el voto favorable de los tres grupos citados y con la abstención del Partido Popular, que, en boca de una de sus concejalas, Teresa Egerique, recordaba que esta misma tarde el nuevo conselleiro Román Rodríguez mantendrá un encuentro con la comunidad educativa buscando solucionar este tipo de problemáticas.
PSOE, Marea y BNG han considerado «lícitas y razonables» las reclamaciones de Foanpas, que rehúsa hacerse cargo del comedor de 25 colegios en Vigo, y han reprobado la gestión y las palabras del delegado territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, en las que acuso a esta federación de «hacer política».
En el texto de la moción socialista se denunciaba que la Xunta no recibe a Foanpas desde el 5 de agosto, un «abandono» que, señalan, «hace imposible que Foanpas pueda asumir la gestión de los comedores escolares y servicios complementarios».
Asimismo, en otra de las mociones socialistas se solicitaba al gobierno autonómico que asuma sus competencias exclusivas en materia educativa y acometa, en la medida del posible, las reformas necesarias para dotar a los centros de espacios que ofrezcan la máxima seguridad al alumnado, toda vez que son «muchos los centros que están denunciando problemas para poder cumplir con la distancia de seguridad de 1,5 metros».