Una semana después de que el acalde fijase en dos meses el plazo para la aprobación provisional del nuevo Plan, la concejala de Urbanismo lo retrasa a los tres meses
El gobierno municipal de Vigo vuelve a cambiar los plazos del PXOM fijando ahora «en tres meses» el plazo de aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Municipal. El anuncio, avanzando en la tarde de ayer por la concejala María José Caride a través de un audio enviado a los medios, se produce justo una semana después de que el alcalde, Abel Caballero, anunciase que el documento tendría el visto bueno «en dos meses».
Caride ha señalado, también, que del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) se mantendrá durante este tiempo «para dar certidumbre» a la situación urbanística de la ciudad.
Estas decisiones llegan, afirma Caride, con el «aval de los jurídicos» fijar en esos tres meses el plazo de aprobación provisional, de manera que, en ese tiempo, también seguirá vigente la ordenación provisional.
No obstante, el secretario municipal, en un informe realizado a instancias de la propia edil socialista, advertía de que se van a dar problemas de «ordenación discordante» a partir de mediados de octubre, ya que se acaba el plazo de suspensión de licencias. En ese momento, si se amplía el plazo de aprobación provisional (algo viable legalmente) y se mantiene el IOP, las licencias que se otorguen a partir de entonces se basarán en una ordenación urbanística que «no coincidirá, por lo general, con la inicialmente aprobada (en agosto de 2021) en el PGOM en revisión» y «quizá tampoco con la que provisionalmente se apruebe» en tres meses.
La otra opción, si no se mantuviese la ordenación provisional, sería retrotraer la situación urbanística al planeamiento de 1993, el último Plan válido vigente ya que el de 2008 fue tumbado por el Supremo. El secretario estima en su informe que la incidencia de esa ordenación discordante «puede tener consecuencias más leves que la discordancia del IOP».
Pese a ello, Caride asegura que mantener la vigencia de la ordenación provisional permitirá «dar certidumbre» a la situación urbanística de Vigo, y «estabilidad» a los proyectos ya en marcha al amparo de esa normativa.