La FEMP había solicitado en su momento poder disponer de todo el dinero que los municipios tienen en caja sin gastar porque la ley no lo permite, para poder hacer así frente a los gastos derivados de la pandemia
El Ejecutivo central propone recibir todo ese dinero -14.000 millones en España, 100 en el caso de Vigo- y devolver el 35% entre este año y el que viene, para emplear en gasto relacionado con movilidad, vivienda, asistencia social, educación o cultura
El resto se reintegraría en 10 años a contar a partir de 2022
El remanente municipal -ese dinero que los ayuntamientos tienen en caja tras recaudarlo y no emplearlo en el año correspondiente- viene siendo motivo de debate político desde hace tiempo. Más en esta época del Covid-19 en la que numerosos alcaldes, con Abel Caballero como presidente de la FEMP a la cabeza, venían reclamando poder disponer de esos fondos para hacer frente a la situación económica derivada de la crisis del coronavirus.
Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo la propia FEMP demandaba que las entidades locales pudiesen disponer de todos sus remanentes y fondos extraordinarios del Gobierno y de la Unión Europea. Un guante que el ejecutivo central ha recogido a su manera: plantea que los ayuntamientos le entreguen su remanente, devolviéndoselo a plazos y sin intereses.
La propuesta del Ministerio de Hacienda pasaría por recibir de los municipios el remanente -una cifra que asciende a 14.000 millones en el conjunto de España, y que ronda los 100 millones en Vigo-, devolviéndose una parte -en torno al 35%, unos 5.000 millones- entre este año y el siguiente. El resto, se devolvería a 10 años a contar desde el año 2022. Ese importe se podría emplear en gasto relacionado con movilidad, vivienda, asistencia social, educación o cultura.
Falta por ver qué opina la Federación Española de Municipios y Provincias de una propuesta que está lejos de las expectativas planteadas. Hasta la fecha, el ejecutivo central había realizado dos excepciones a la regla de gasto: de un lado, se autorizó el uso de una parte de ese superávit -alrededor de 300 millones en toda España- para gasto social; y posteriormente se permitió gastar el 7% en la compra de vehículos no contaminantes para los servicios públicos.