El DOG publica el segundo Plan de Rescate para hostelería, autónomos y micropymes

Dotado con 75 millones, el plazo de presentación de solicitudes se abre mañana, siendo las ayudas acumulables con las del primer plan

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy las órdenes que recogen el segundo Plan de Rescate dirigido a hostelería, autónomos y micropymes, dotado con 75 millones de euros que se suman a los 85 invertidos en el primer plan.

Las ayudas, cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre mañana durante un mes, son acumulativas y se repartirán en función de escalas graduales que atenderán al volumen de negocio, los trabajadores o las pérdidas respecto a la facturación previa a la pandemia.

De los 75 millones que componen el plan de rescate, 30 están destinados autónomos, otros 30 millones son para microempresas, 12 para el sector de la hostelería afectado por cierres y, tres millones irán a parar a apoyos para negocios no relacionados con la hostelería, como gimnasios, centros de ocio o parques infantiles, cuya inclusión es una de las novedades de esta segunda edición.

Los autónomos o microempresas interesados en optar a las ayudas deben presentar una caída en los ingresos del 45% respecto al año 2019. De este baremo quedan excluidos los negocios de hostelería, que bastará con que hayan visto restringida su actividad total o parcialmente para acceder a una ayuda.

Las ayudas son acumulables a las de la primera edición, por lo que un mismo negocio o autónomo podría recibir hasta un máximo de 24.300 euros si se atiende su solicitud.

Para los autónomos se establece una escala que va de 1.200 a 3.000 euros en ayudas directas, que serán de entre 4.000 a 9.000 euros para microempresas y autónomos con personal a su cargo.

En cuanto a los negocios de hostelería, las ayudas oscilarán entre los 1.900 y los 3.700 euros en función de factores como la duración del cierre impuesto por las autoridades y el número de trabajadores del establecimiento.

La Administración autonómica también incide en que estas ayudas se gestionarán lo antes posible, con el objetivo de paliar la delicada situación económica que atraviesan estos sectores. No en vano, la propia orden establece en un mes «el plazo máximo para resolver y notificar», período «que se computará desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente».