El objetivo es garantizar la convivencia con el uso residencial, evitar la saturación en determinadas zonas y ofrecer seguridad jurídica
El Concello de Vigo ha comenzado el proceso administrativo para elaborar una nueva ordenanza municipal que regule las viviendas de uso turístico en la ciudad. El decreto que da inicio a la tramitación ha sido firmado por la Xerencia de Urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que permite al Ayuntamiento fijar la implantación y la intensidad de este tipo de alojamientos, reconocidos como uso terciario hotelero.
La futura normativa buscará compatibilizar el uso turístico con el residencial, garantizando la convivencia entre vecinos y visitantes, y aportando seguridad jurídica tanto a los propietarios como al conjunto de la ciudadanía. Entre las medidas previstas, se contempla que las viviendas turísticas en edificios residenciales solo podrán situarse cuando dispongan de un acceso independiente del resto de las viviendas.
Desde el gobierno municipal se ha identificado un crecimiento significativo de este tipo de alojamientos, especialmente en zonas como el Casco Vello, Bouzas, Areal o Berbés. Esta expansión, según señalan, está generando presión sobre el precio de los alquileres en dichas áreas, motivo por el cual se considera necesaria una regulación clara y proporcionada.
La ordenanza establecerá un procedimiento seguro para autorizar nuevas viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos, determinando las zonas saturadas, los límites máximos por edificio, y la compatibilidad de accesos con el resto de usos del inmueble. También se crearán herramientas específicas de inspección y control.
El proceso de tramitación se iniciará con una consulta pública previa de 20 días para recoger sugerencias ciudadanas, seguida del análisis del impacto normativo, la aprobación inicial en pleno, la exposición pública con recepción de alegaciones y la posterior aprobación definitiva.
El Concello afirma abordar esta iniciativa “con la mejor de las intenciones”, reconociendo la dimensión económica de estas viviendas y su impacto en la ciudad, pero subrayando la necesidad de “no permitir un crecimiento excesivo” que repercuta negativamente en el acceso a la vivienda habitual.