La formación nacionalista afirma que la cobertura ordinaria se redujo un 37% desde 2004 al pasar de 24 a 15 efectivos
Xabier P. Igrexas advierte de que la decisión compromete la seguridad de los bomberos y de la ciudadanía
El Bloque Nacionalista Galego de Vigo alertó este jueves de un supuesto recorte del mínimo de bomberos por jornada en la ciudad, que atribuye al Gobierno municipal de Abel Caballero. La formación denuncia que una “instrucción clandestina” reduce la cobertura ordinaria del servicio un 37% respecto a 2004, al pasar de 24 efectivos a 15.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes sindicales de la CIG y la CUT. Según explicó, la decisión fue adoptada sin negociación colectiva con el personal del servicio.
“Exigimos la rectificación inmediata de esta política temeraria, que insiste en mantener una insuficiencia estructural en un servicio esencial, porque Vigo sin bomberos no es segura”, defendió Igrexas.
Según el BNG, la instrucción fue firmada por el subjefe de bomberos y por el jefe de Seguridad, pero no cuenta con la firma de la concejala delegada, Patricia Rodríguez Calviño, ni fue sometida a acuerdo en la Xunta de Goberno Local ni con el resto de grupos de la Corporación municipal.
La formación nacionalista sostiene que el nuevo mínimo queda fijado en 15 efectivos en jornadas ordinarias y en 12 en coberturas de contingencia. Igrexas recordó que el propio jefe del servicio, en un informe de 2024, situaba el mínimo operativo en 20 bomberos y entre 22 y 23 el número óptimo para atender el servicio.
“Esta decisión injustificable instala el servicio en la precariedad permanente”, reprochó el portavoz del BNG, que advirtió de que esta reducción puede afectar a la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y “comprometer la seguridad de los bomberos y de la propia ciudadanía viguesa”.
Críticas a la situación del servicio
El BNG considera que esta medida busca evitar el cierre de uno de los dos parques de bomberos de la ciudad, una situación que, según la formación, se ha repetido durante los últimos años. Igrexas señaló que la nueva cobertura permitiría mantener abierto un parque con un telefonista y un bombero.
El portavoz nacionalista también vinculó la situación actual con los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales que, según indicó, fueron objeto de sentencias judiciales contra el Concello.
Además, Igrexas afirmó que este recorte evidencia el “fracaso” del denominado programa de refuerzos, aprobado por el Gobierno local ante la falta de efectivos. Según el BNG, durante el mes de junio de este año, la mitad de las jornadas el servicio contó con menos de los 15 efectivos que ahora se establecen como mínimo.
La formación nacionalista lamentó que el Gobierno municipal no haya corregido la “insuficiencia estructural” del servicio. Según sus datos, de las 162 plazas de bomberos existentes, actualmente solo están garantizadas 89, por lo que el 45% de las plazas estarían sin cubrir.
Advertencias sindicales
El delegado de la sección sindical de la CIG en el servicio, Manuel Lopes, afirmó que la instrucción busca “gestionar la precariedad crónica” que, según señaló, padecen los bomberos desde hace años. “No se debe a circunstancias excepcionales”, aclaró.
Lopes calificó la situación actual como un “cóctel molotov” al entender que se deriva la responsabilidad en los propios bomberos cuando, según explicó, no se están cumpliendo los protocolos para garantizar el número necesario de efectivos.
“Estamos hablando de vidas humanas, con una decisión que puede tener consecuencias graves”, alertó el representante sindical, que acusó al Gobierno municipal de actuar “con temeridad” en relación con la seguridad de la ciudadanía.
En la misma línea, el representante de la sección sindical de la CUT, Denís Guerra, calificó de “especialmente crítica” la situación actual del servicio. A su juicio, el Gobierno local mantiene a los bomberos con un “mínimo histórico de efectivos y dotaciones incompletas”, lo que, según advirtió, pone en “grave riesgo” al propio personal y a la ciudadanía viguesa.