El BNG de Vigo propone la remunicipalización del agua para abaratar el recibo y mejorar la gestión del servicio

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha defendido hoy la remunicipalización del servicio de agua en Vigo con el objetivo de reducir el coste del recibo, considerado “el más caro de Galicia y uno de los más elevados del Estado”, y de mejorar una gestión privada que califican de ineficiente.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, subrayó que la próxima finalización de la prórroga concedida a Aqualia representa una oportunidad para “dejar atrás un modelo caro e ineficaz y poner bajo gestión pública un bien esencial como el agua”.

La formación nacionalista propone crear un Grupo de Trabajo en el seno del Ayuntamiento, con participación de entidades sociales y expertos, para definir un nuevo modelo integral de gestión y un sistema de tarifas más justo, frente a lo que califican de “estafa impuesta por Abel Caballero” con el cambio de tarifas aprobado en 2021.

Según Igrexas, el actual sistema no refleja el consumo real y los descuentos aplicados son “insignificantes”, mientras que las cuotas fijas se incrementaron hasta un 276 % para los hogares y un 531 % para el pequeño comercio, tal como reconoce un informe municipal. Además, recordó que un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa a Vigo como la ciudad gallega con el recibo del agua más caro y una de las más costosas de España.

El BNG denuncia también el mal servicio prestado por la concesionaria, con “incidencias y cortes constantes” en barrios y parroquias, y critica la falta de auditorías para detectar fugas que, en algunos puntos, alcanzan pérdidas del 30 %.

Igrexas citó como ejemplo a ciudades como Terrassa o Valladolid, y a capitales europeas como París o Berlín, que han recuperado la gestión pública del agua. “La gestión pública garantiza que un bien esencial esté bajo control democrático y no al servicio del lucro privado”, afirmó.

El portavoz concluyó que la remunicipalización permitiría priorizar el servicio público, planificar mejor, aplicar tarifas más equitativas y fomentar la participación ciudadana, para “gestionar el agua como un derecho y no como una mercancía con la que unos pocos hacen negocio”.