La formación nacionalista reclama la constitución de este organismo obligatorio con representación de agentes urbanísticos y del tejido social para garantizar un Plan General participativo
Xabier P. Igrexas: «Es la última oportunidad para que el Gobierno de Caballero rectifique la tramitación de un PXOM que ha batido todos los récords de opacidad.»
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exige la reactivación del Consejo Sectorial de Urbanismo para poner fin a la “opacidad” en la elaboración del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo, antes de su aprobación definitiva. La formación nacionalista pide que este organismo consultivo, obligatorio y con representación de agentes urbanísticos, sociales y vecinales, sea activado para corregir la falta de transparencia que ha caracterizado la tramitación del Plan.
“Con esta solicitud le damos al Gobierno de Abel Caballero una última oportunidad para rectificar y sacar el nuevo PXOM de la oscuridad de los despachos en la que ha sido elaborado, de espaldas a la ciudad y bajo el dictado de los mismos intereses poderosos de siempre”, declaró el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas.
El BNG recordó que este Consejo Sectorial de Urbanismo es uno de los entes obligatorios recogidos en el vigente Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo, en su artículo 41. Según Igrexas, este organismo constituye un espacio “óptimo” para que Vigo cuente con un PXOM elaborado mediante el diálogo y la participación de toda la ciudadanía.
“Será una oportunidad para subsanar, aunque tarde, una tramitación del Plan General que ha batido todos los récords de falta de transparencia, con un equipo redactor que solo compareció tres veces y con una nula atención a los miles de alegaciones vecinales recibidas”, argumentó el portavoz del BNG.
Igrexas también reiteró la necesidad de que el nuevo PXOM apueste por un Vigo más sostenible desde el punto de vista medioambiental, mejor vertebrado territorialmente —“dejando de castigar los barrios y parroquias como periferias”—, con una movilidad basada en el transporte público, y garantizando el derecho a la vivienda. Además, instó a movilizar las más de 22.000 viviendas vacías que existen, incorporándolas al parque público de vivienda protegida y social.