La formación reclama al Gobierno municipal que actúe “con toda la contundencia” frente a un fenómeno que agrava la emergencia habitacional
Los pisos turísticos oficiales superan los 2.000 mientras crecen los ilegales y los alquileres de temporada
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido reforzar la inspección de pisos turísticos en Vigo tras registrarse un nuevo máximo histórico en el precio del alquiler residencial. La formación nacionalista reclama al Gobierno municipal que “actúe con toda la contundencia contra este fenómeno ultraespeculativo” que, a su juicio, está agravando la emergencia habitacional en la ciudad.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, advirtió de que el supuesto descenso de las viviendas de uso turístico (VUT) es un “espejismo”. Según denunció, en Vigo siguen superando las 2.000 —una de cada tres de las existentes en las ciudades gallegas— mientras aumenta el número de pisos turísticos ilegales y su transformación en alquileres de temporada, que ya representan el 23% de la oferta, con el objetivo de eludir las limitaciones urbanísticas.
Igrexas subrayó además que el precio del alquiler en Vigo ha alcanzado los 11,6 euros por metro cuadrado, el más alto de Galicia. “Eso significa que una vivienda de apenas 70 metros supera ya los 810 euros mensuales”, ejemplificó. Paralelamente, la oferta de vivienda residencial se ha reducido, con apenas 70 pisos disponibles por debajo de los 700 euros al mes.
Más medidas de inspección
Desde el BNG consideran que el Concello no está utilizando todas sus competencias urbanísticas y de inspección, calificando como una “oportunidad perdida” la ordenanza municipal aprobada, que tildan de “laxa y claramente insuficiente”. “A pesar de los anuncios y promesas, tanto el Gobierno de Abel Caballero como la Xunta del PP siguen sin actuar ante la emergencia habitacional en Vigo”, afirmó el portavoz nacionalista.
Entre las medidas propuestas, el BNG plantea cruzar los datos de las VUT autorizadas por el Concello con los registros autonómico y estatal, rastrear las plataformas digitales para identificar viviendas que no muestran número oficial de registro e investigar consumos anómalos de agua en pisos sin personas empadronadas.
Referencia a Santiago
Igrexas puso como ejemplo el caso de Santiago de Compostela, donde —según señaló— la actuación del Gobierno local permitió reducir en el último año un 16% el número de pisos turísticos. “Herramientas hay, lo que falta es voluntad política”, sostuvo.
El portavoz municipal incidió en que detrás de las cifras hay situaciones personales concretas, como jóvenes que no pueden emanciparse, madres solas que destinan más de la mitad de su salario al alquiler o familias que se ven obligadas a abandonar su barrio.
“Vigo no puede resignarse a convertirse en un parque temático para visitantes mientras expulsa a su vecindario”, concluyó Igrexas, defendiendo que la vivienda “es un derecho básico y esencial, no una mercancía más con la que hacer negocio”.