El Bloque Nacionalista Galego (BNG) acusa al Gobierno municipal de Vigo de incurrir en “graves irregularidades” en la comunicación remitida a las más de 4.500 alegaciones presentadas al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Según la formación, el procedimiento seguido para notificar las respuestas incumple requisitos legales esenciales y podría derivar en la anulación del documento urbanístico.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, criticó que las personas que presentaron alegaciones recibiesen un correo electrónico “sin firma de autoridad competente”, sin número de resolución, sin identificación del órgano encargado y enviado desde una dirección genérica, en lugar de emplear la sede electrónica oficial. A su juicio, se trata de una fórmula que “no reúne condiciones mínimas de validez administrativa”.
El BNG sostiene además que el contenido remitido reproduce fragmentos del informe técnico previo a la aprobación provisional del PXOM, sin garantizar que se corresponda con la versión definitiva del plan. La formación recuerda que la ley exige motivación individualizada y una resolución acorde al texto final aprobado, algo que —afirman— no se cumple.
Indefensión por el plazo legal agotado
Los nacionalistas alertan de que las comunicaciones se enviaron cuando ya había expirado el plazo para presentar recursos por la vía contencioso-administrativa, que finalizó el 3 de noviembre. Esto, señalan, coloca a la vecindad afectada “en una situación de indefensión”, impidiéndole ejercer su derecho a la tutela judicial de manera efectiva.
El BNG asegura que esta situación puede generar inseguridad jurídica sobre el conjunto del planeamiento y abrir la puerta a futuras impugnaciones del PXOM por vulneración de procedimiento.
Peticiones y acciones anunciadas
Ante esta situación, la formación ha anunciado tres medidas inmediatas:
- El envío de un escrito al alcalde, Abel Caballero, como presidente de la Xerencia Municipal de Urbanismo, para exigir que se emitan nuevas notificaciones ajustadas a la normativa.
- La solicitud de comparecencia de la concejala de Urbanismo, María José Caride, para explicar lo ocurrido.
- La presentación de una denuncia ante la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística.
Igrexas concluyó que el modelo de tramitación seguido por el Gobierno local “debe corregirse” para garantizar que la ciudadanía reciba respuestas válidas y ajustadas a derecho en un procedimiento de la relevancia del PXOM.