El Ayuntamiento de Vigo aprueba una compensación de 11,9 millones para Vitrasa por desequilibrio económico causado por la COVID-19

La sentencia del Contencioso-Administrativo, emitida el 1 de febrero de 2023, estableció que el desequilibrio y su compensación debían resolverse en el ámbito del expediente administrativo del consistorio

La Junta de Gobierno de Vigo ha aprobado la declaración del desequilibrio económico en la concesión del transporte público debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Esta decisión responde a un mandato judicial que obliga al Ayuntamiento a determinar la compensación económica para la concesionaria del servicio, Vitrasa, operadora desde 1994.

Los servicios técnicos municipales han fijado la compensación pendiente en 11.925.139,97 euros, tras un proceso que comenzó cuando la empresa reclamó judicialmente un total de 30 millones de euros. La sentencia del Contencioso-Administrativo, emitida el 1 de febrero de 2023, estableció que el desequilibrio y su compensación debían resolverse en el ámbito del expediente administrativo del consistorio.

Para evaluar la situación económica, el Ayuntamiento encargó un informe externo, cuyas conclusiones coincidieron con los servicios económicos municipales, estableciendo inicialmente una cifra de 12.107.630,57 euros. Sin embargo, esta cantidad se redujo tras descontar 194.493,72 euros que ya habían sido transferidos a la empresa por la revisión de tarifas de 2021 y 2022. Este pago fue ordenado por resoluciones judiciales de septiembre de 2023 y febrero de 2024.

El cálculo final deja la compensación pendiente en 11.925.139,97 euros. Este importe pretende restituir el desequilibrio financiero provocado por la caída del número de pasajeros durante la pandemia, aunque los datos más recientes indican que el uso del transporte público en septiembre de 2024 ha alcanzado el 89,97% de los niveles anteriores a la crisis sanitaria.

Esta medida representa un paso crucial en la resolución del conflicto entre el Ayuntamiento de Vigo y Vitrasa, que llevaba años reclamando un ajuste financiero para garantizar el equilibrio económico de la concesión.