La acusación se produce después de que su antecesor en el cargo, el también socialista Roberto Ballesteros, sumase en los últimos años hasta tres condenas en sendos procedimientos judiciales
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo miércoles un juicio contra el actual alcalde pedáneo de Bembrive, el socialista Marcos Castro González, como acusado de un delito continuado de prevaricación, por contratar y pagar el suministro de sidra para la fiesta anual de la entidad local sin seguir los procedimientos legales, y por ordenar el pago de 250.000 euros fraccionados en diferentes facturas.
Los hechos, tal y como recoge el escrito del ministerio público, tuvieron lugar entre entre 2019 y 2020. En esa época el pedáneo, «actuando con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad, en ejecución de un plan preconcebido», adjudicó de forma directa contratos de suministro de sidra a una empresa para la celebración de la Fiesta de la Sidra.
Este gasto ascendió a 250.000 euros (120.000 euros en 2019 y 130.000 euros en 2020), que el acusado fraccionó hasta en 17 facturas, con importes que oscilaron entre 7.297 y 17.908 euros.
Ante esta forma de actuar, la interventora de la Pedanía alertaba que se trataba de «una adjudicación verbal sin base en contrato administrativo que sustente dicha contratación». Además, añadía, no se sometió esta contratación a «su fiscalización previa», y se prescindió totalmente del «procedimiento previsto para la contratación de suministros que excedan de 15.000 euros».
Pese a esta advertencia, el acusado ordenaba igualmente los pagos, «a sabiendas del carácter ilícito». Por estos hechos, el ministerio público lo acusa de un delito continuado de prevaricación y pide que sea inhabilitado durante 13 años.
Tres condenas de su predecesor
Llama la atención que esta acusación se produce después de que su predecesor en el cargo, el también socialista Roberto Ballesteros, fuese condenado en tres ocasiones por prevaricación y otros delitos.
En este sentido, Ballesteros fue condenado a 7 años de inhabilitación por retirarles las retribuciones a los vocales del PP en la Junta Vecinal. Posteriormente, fue condenado a dos años y dos meses de prisión, y 7 años de inhabilitación, por pagar una obra que no se llegó a ejecutar, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación. Y en marzo de este año aceptó 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por la adjudicación de varias obras ‘a dedo’ por valor de casi 800.000 euros.