La Audiencia Provincial les impone penas de entre dos y tres años de prisión por frustración de la ejecución, aunque los absuelve del delito contra la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos hermanos empresarios por un delito de frustración de la ejecución, al considerar probado que realizaron actos de descapitalización de las sociedades en las que participaban con el objetivo de evitar el pago de las deudas contraídas con acreedores públicos y privados.
Penas de cárcel atenuadas por dilaciones indebidas
La sentencia, emitida por la sección cuarta de la Audiencia, impone tres años y tres meses de prisión a uno de los condenados, y dos años y tres meses al otro, tras valorar la atenuante de dilaciones indebidas. Ambos habían asumido la actividad empresarial iniciada por su padre, en el sector de la comercialización de maquinaria y utillaje industrial y agrícola.
Obstaculizar el cobro de acreedores
Los magistrados sostienen que, pese a ser conocedores de la deuda contraída y de los embargos trabados sobre sus bienes, los acusados siguieron comercializando con ellos y obstaculizando el cobro efectivo por parte de sus acreedores. El tribunal concluye que participaron de forma activa en una sucesión empresarial destinada a traspasar bienes entre compañías y dificultar el cobro de las deudas.
Absuelto el delito contra la Seguridad Social
En relación con la acusación de un delito contra la Seguridad Social, la Sala reconoce que quedó acreditada la existencia de una deuda de cuantía suficiente para ser constitutiva de delito. Sin embargo, entiende que no se demostró la existencia de un artificio o simulación diseñado para defraudar a la Seguridad Social, motivo por el que se les absuelve de este cargo.
Recurso pendiente
La resolución judicial, dictada el 2 de octubre de 2025, no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Con este fallo, la Audiencia de Pontevedra lanza un nuevo aviso a empresarios que recurren a estrategias de descapitalización y sucesión societaria para esquivar responsabilidades financieras, subrayando que tales prácticas son constitutivas de delito.