El condenado, que había recibido el dinero en su cuenta, enviaba justificantes supuestamente del Banco Sabadell para acreditar que había realizado los ingresos en la Agencia Tributaria, sin que se hubieran hecho efectivos
El responsable de una asesoría de empresas de Vigo ha aceptado dos años de prisión, que ha quedado suspendida, por un delito de estafa a unos clientes que le transfirieron más de 34.000 euros entre octubre y diciembre de 2020 para liquidar una deuda con la Agencia Tributaria que no fue abonada.
En una vista de conformidad celebrada hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el hombre ha sido condenado también a indemnizar a las víctimas con 41.161 euros (6.935 de ellos por recargo de impuestos), de los que ha abonado 3.000 antes de la vista.
La cantidad pendiente la abonará de forma fraccionada, con mensualidades de un mínimo de 500 euros y, además, tendrá que sufragar una multa de 630 euros y las costas de la acusación particular ya que él, que dijo percibir un salario, como autónomo, de entorno a 3.000 euros, tenía justicia gratuita.
Los hechos
El condenado mantenía una relación comercial con los dos perjudicados desde hacía años. Las víctimas, como en ocasiones anteriores, le confiaron la gestión de una deuda que mantenían con la Agencia Tributaria por importe de 34.868,96 euros, un débito que conllevó el inicio de un procedimiento de derivación de responsabilidad hacia la hija de ambos al haberle transmitido, a través de un pacto de mejora, la vivienda familiar.
A finales de 2020, los dos perjudicados trasladaron al acusado su deseo de liquidar finalmente esta deuda y él les manifestó que era necesario que realizasen el abono a una cuenta de titularidad de la asesoría, y que estaba su nombre, y que posteriormente se comprometería a realizar la transferencia a Hacienda para la liquidación.
Los perjudicados le hicieron tres transferencias por importe de 19.226 euros, 5.000 y 10.000 con el concepto de liquidación de embargo y dieron por hecho que el asunto quedaba resuelto hasta que a finales de abril de 2022 recibieron una notificación de embargo de salarios, al igual que su hija -esta la recibió en mayo-, para saldar 34.676 euros con un recargo de apremio de 6.936.
Una de las víctimas se puso en contacto con el acusado, que le remitió varias capturas de pantalla en las que figuraban las supuestas transferencias desde la cuenta de la mercantil a la AEAT, transferencias que, en todo caso, nunca llegaron a las arcas de Hacienda.
En junio de 2022, el responsable de la asesoría volvió a enviarle otros tres justificantes supuestamente del Banco Sabadell para acreditar que había realizado tales ingresos sin que, realmente, se hubieran hecho efectivos. Las dos víctimas de la estafa no recibieron el reintegro de las cantidades que habían transferido al acusado y tuvieron que gestionar ellos mismos el abono de la deuda a la Agencia Tributaria.