La Audiencia de Pontevedra condena a cuatro implicados en una operación que transportó 2.866 kilos de droga valorados en más de 106 millones de euros
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 600 millones de euros al armador del buque Simione por organizar el transporte desde África de 2.866 kilos de cocaína, una de las mayores incautaciones realizadas en aguas próximas a España en los últimos años.
La sentencia considera acreditado que el principal acusado dirigió toda la operación marítima que permitió trasladar el cargamento de droga desde la costa africana hasta el Atlántico, donde la embarcación fue interceptada el 18 de diciembre de 2022. El tribunal entiende que cometió un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo además la agravante de extraordinaria gravedad debido a la enorme cantidad de droga transportada y al empleo de embarcaciones para facilitar el tráfico internacional.
Una operación organizada desde Angola y Senegal
Según los hechos probados, el condenado, en su condición de armador, organizó la salida del Simione desde el puerto de Luanda, en Angola. La Audiencia concluye que fue el responsable de reclutar a parte de la tripulación y de mantener el control permanente de la travesía mediante comunicaciones diarias con uno de los marineros.
La investigación determinó que el 28 de noviembre de 2022 el armador se desplazó a Dakar, en Senegal, para coordinar los preparativos finales de la operación. Allí gestionó el atraque del barco, el suministro de combustible, la carga de víveres y la incorporación de nuevos tripulantes.
Pocos días después, ya a comienzos de diciembre, el Simione abandonó Dakar siguiendo unas coordenadas previamente facilitadas por el organizador. La embarcación navegó hasta un punto situado al sureste de las islas de Cabo Verde, donde recibió la droga desde otro barco no identificado.
Tras completar la carga, el pesquero emprendió rumbo hacia las costas españolas mientras el armador continuaba supervisando la ruta a distancia mediante contactos diarios con la tripulación.
115 fardos y más de 106 millones de euros en cocaína
La droga intervenida estaba distribuida en 115 fardos que contenían un total de 2.949 paquetes. El análisis posterior reveló que el cargamento alcanzaba un peso neto de 2.866,52 kilos de cocaína, con una pureza media del 77,3 %.
Los magistrados destacan que el valor estimado de la sustancia en el mercado ilícito superaba los 106 millones de euros, una cifra que evidencia la magnitud de la operación.
La resolución judicial subraya que la cantidad transportada excedía «sobradamente» los límites que la jurisprudencia considera de notoria importancia, motivo por el cual aprecia el subtipo agravado de extraordinaria gravedad.
Condenas para toda la tripulación
Además del armador, la Audiencia condena a los tres tripulantes que participaron en la travesía.
Dos de ellos han sido sentenciados a diez años y nueve años y medio de prisión, respectivamente, junto con multas de 500 millones de euros para cada uno. El tercer marinero deberá cumplir siete años y medio de cárcel y abonar una multa de 220 millones de euros, al aplicársele la atenuante de confesión tardía.
El tribunal considera probado que todos ellos conocían la finalidad ilícita del viaje y participaron conscientemente en el transporte de la cocaína.
Otro condenado por almacenar y distribuir droga en tierra
La sentencia también condena a un cuarto acusado a seis años de prisión y al pago de una multa de 230.000 euros por un delito contra la salud pública relacionado con la droga intervenida en diversos registros efectuados en tierra.
Según recoge el fallo, este hombre reconoció durante el procedimiento que se dedicaba al almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes con ánimo de lucro dentro del mercado ilegal.
La Audiencia avala la investigación
Durante el juicio, las defensas plantearon diferentes cuestiones relacionadas con la validez de las pruebas obtenidas durante la investigación. Sin embargo, la Audiencia rechaza todas las alegaciones de nulidad y considera que las actuaciones policiales y judiciales se desarrollaron conforme a derecho.
Los magistrados resaltan además la especial peligrosidad de este tipo de operaciones marítimas, ya que el empleo de embarcaciones facilita el transporte de grandes cantidades de droga y dificulta su detección por parte de las fuerzas de seguridad.
La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.