Sanidade confirma la presencia de plomo, hierro y níquel en la red de abastecimiento de la zona de Quintián y exige una investigación urgente
La Xunta de Galicia ha confirmado la presencia de metales pesados en el agua de varias acometidas municipales en la zona de Quintián, en la parroquia viguesa de Beade, tras analizar nuevas muestras recogidas durante el pasado mes de febrero.
Las pruebas realizadas por inspectores farmacéuticos de Salud Pública detectaron concentraciones de plomo, hierro y níquel superiores a los límites establecidos en distintos puntos de la red de abastecimiento situados en el entorno del IES Beade.
Una semana para investigar el origen
Tras conocer los resultados, la Consellería de Sanidade ha notificado la situación tanto al Concello de Vigo como a la empresa concesionaria del servicio de agua, FCC Aqualia, instándolos a investigar el origen de los metales detectados.
Las autoridades sanitarias han solicitado la identificación de los materiales utilizados en la red, en las derivaciones y en las acometidas, así como información sobre la presencia de válvulas antirretorno y llaves de corte en cada conexión.
Además, deberán aportar documentación técnica o certificados que acrediten que los materiales que entran en contacto con el agua cumplen con la normativa sanitaria vigente.
Posibles problemas en las acometidas exteriores
Las muestras fueron recogidas en cuatro puntos situados fuera del recinto del instituto, lo que apunta a que el problema podría localizarse en las acometidas municipales o en la red exterior de distribución.
De hecho, una inspección previa realizada en el propio centro educativo permitió comprobar que las tuberías internas del IES Beade son de polietileno, desde el contador situado en la fachada hasta el interior de las instalaciones.
Este dato refuerza la hipótesis de que la presencia de metales pesados no se origina en las instalaciones del centro, sino en la red exterior de suministro.
Advertencia de posibles sanciones
La Xunta ha dado un plazo de una semana para que el Concello y la empresa concesionaria presenten un cronograma con las actuaciones previstas para solucionar el problema.
En caso de que no se adopten las medidas necesarias o persistan los incumplimientos detectados, la situación podría ser considerada una infracción grave según la normativa sanitaria vigente, lo que abriría la puerta a posibles sanciones.