El operativo conjunto entre la Policía Local y la Guardia Civil permitió interceptar al responsable, que pilotaba sin titulación y dentro de una zona de control aéreo del aeropuerto
Un dron volando a más del doble de la altura permitida en pleno espacio aéreo controlado del Aeropuerto de Vigo ha sido interceptado gracias a un operativo conjunto entre el equipo Fénix de la Policía Local de Vigo y el equipo Pegaso de la Guardia Civil. El incidente tuvo lugar el pasado 7 de mayo, a las 12:30 horas, cuando el sistema de detección aérea de la Guardia Civil localizó una aeronave no tripulada sobrevolando el centro urbano de Vigo a una altitud de 246 metros, en una zona clasificada como CTR (zona de control de tránsito aéreo).
La normativa vigente establece una altura máxima de vuelo de 120 metros en dicha área. El dron duplicaba esta cota sin haber solicitado ningún tipo de autorización ni haber coordinado su vuelo con los servicios de control aéreo del aeropuerto, lo que, según señalan las autoridades, suponía un grave riesgo para la aviación tripulada que opera en ese espacio.
Ante la detección, la Unidad de drones de la Policía Local (equipo Fénix) desplegó un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el origen de la señal en el interior del recinto del Castillo del Castro, donde fue sorprendido un varón mientras pilotaba el dron. Los agentes le solicitaron la documentación correspondiente para acreditar su titulación como piloto y las autorizaciones del vuelo. El individuo carecía de cualquier tipo de permiso, tanto para volar en general como para hacerlo en una zona restringida.
Los agentes constataron que el piloto había incurrido en hasta ocho infracciones graves, según lo dispuesto en el Real Decreto 517/2024 y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Entre ellas destacan: la ausencia de titulación habilitante, la falta de comunicación al Ministerio del Interior, el vuelo en espacio CTR sin autorización, y la superación del límite de altura permitido.
Las denuncias correspondientes han sido remitidas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a la Subdelegación del Gobierno. La sanción económica a la que podría enfrentarse el infractor asciende hasta los 225.000 euros, según han informado fuentes policiales.