La Audiencia de Pontevedra le impone además 13 años y medio de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al alcalde de Agolada a tres años y medio de cárcel y a 13 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por precintar de forma ilegal las obras de ampliación de la depuradora de una empresa del sector lácteo. El tribunal le atribuye un delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación.
Según la sentencia, dictada el 24 de abril, el regidor elaboró y firmó un informe falso el 20 de enero de 2020, en el que afirmaba que la Comisión de Gobierno del Concello había aprobado ese mismo día la medida de precinto por supuestas irregularidades urbanísticas. Sin embargo, los magistrados constatan que dicha Comisión no existía todavía —fue creada el 17 de febrero de ese mismo año— y que nunca se celebró reunión alguna donde se acordara tal medida.
La Sala concluye que el alcalde actuó “con la finalidad de parar la actividad de la depuradora de la empresa” y que lo hizo “prescindiendo total y absolutamente de todo trámite procedimental, y con intención deliberada y plena conciencia de su ilegalidad”. Además, la notificación del precinto se realizó por correo electrónico, un medio no válido legalmente, sin contar con la intervención del secretario-interventor del Concello.
Un informe de este último, fechado el 22 de enero de 2020, señalaba que la competencia para ordenar el precinto recaía en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), y que no existían evidencias de que las obras hubieran continuado tras su paralización en noviembre de 2019. Pese a todo ello, el alcalde dictó el 5 de febrero un decreto ratificando el cierre de la actividad.
Como consecuencia del precinto, la empresa afectada sufrió unas pérdidas de 24.798 euros, cantidad que el regidor deberá indemnizar. La sentencia no es firme, ya que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).