La Audiencia Provincial considera acreditada la venta de droga pese a que el acusado negó los hechos y aseguró no recordarlos
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre a dos años y dos meses de prisión por un delito contra la salud pública tras considerar probado que vendió cocaína a otra persona en presencia de agentes de la Policía Local. Además de la pena de cárcel, el tribunal le ha impuesto una multa de 120 euros.
Los hechos juzgados se remontan a una operación policial en la que los agentes observaron una transacción de droga y actuaron poco después para intervenir la sustancia adquirida. Según recoge la sentencia, el comprador había adquirido 0,814 gramos de cocaína al acusado, una cantidad que fue incautada tras la venta.
Las declaraciones policiales resultaron decisivas
Durante el juicio, el acusado negó haber participado en la venta de estupefacientes y manifestó que no recordaba lo sucedido. Sin embargo, la Audiencia entiende que las pruebas practicadas durante la vista oral fueron suficientes para destruir la presunción de inocencia.
En su resolución, los magistrados otorgan especial relevancia a las declaraciones prestadas por los agentes de la Policía Local que presenciaron la transacción y que posteriormente intervinieron la droga. El tribunal considera que sus testimonios fueron coherentes, precisos y plenamente válidos para acreditar los hechos.
Delito de menor entidad, pero con sustancias de grave daño para la salud
La sala condena al acusado como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, aunque encuadrado en el subtipo de menor entidad debido a las circunstancias del caso y a la reducida cantidad de droga intervenida.
La cocaína está considerada por la legislación española una sustancia especialmente nociva para la salud, por lo que su distribución y comercialización están castigadas con penas de prisión incluso cuando las cantidades objeto de la venta son relativamente pequeñas.
La sentencia puede ser recurrida
La resolución judicial todavía no es firme. El condenado dispone de la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que será el encargado de revisar el fallo en caso de que decida impugnar la sentencia.