La Audiencia de Pontevedra impone penas de hasta dos años y medio de prisión por una trama que permitió matricular embarcaciones con facturas y certificados falsificados para obtener su inscripción oficial
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 14 personas por colaborar en una trama dedicada a legalizar embarcaciones mediante documentación falsa, un sistema que permitió durante años inscribir y matricular barcos que carecían de la documentación exigida para navegar. Las penas impuestas oscilan entre los diez meses y los dos años y medio de prisión, mientras que la sentencia declara extinguida la responsabilidad penal del principal investigado al haber fallecido durante el procedimiento.
Los magistrados consideran acreditado que el fallecido, administrador de una empresa de construcción naval con un astillero en Bueu, emitía declaraciones de conformidad y otra documentación oficial simulando que determinadas embarcaciones habían sido construidas en sus instalaciones, cuando en realidad no era así.
Un sistema que funcionó durante años
Según recoge la resolución judicial, el sistema operó al menos entre 2013 y 2021. El administrador elaboraba, previo pago, la documentación necesaria para que embarcaciones sin papeles o barcos de pesca inscritos en la tercera lista pudiesen obtener también una matrícula en la séptima lista, destinada a embarcaciones de recreo.
La sentencia destaca que los barcos no habían sido construidos en el astillero y carecían de la documentación legal necesaria. Sin embargo, gracias a las facturas y certificados emitidos de forma fraudulenta, podían acceder a su inscripción oficial.
El tribunal precisa, no obstante, que no existen pruebas suficientes para concluir que todos los propietarios de las embarcaciones conocieran la ilegalidad del procedimiento seguido por el administrador.
Profesionales del sector colaboraban con la trama
La Audiencia sí considera probado que, entre 2016 y 2020, varios profesionales del sector náutico y personas dedicadas habitualmente a la compraventa de embarcaciones participaron conscientemente en el sistema.
Según los magistrados, estos intermediarios solicitaban al administrador la documentación falsa para regularizar embarcaciones de sus clientes, facilitándole los datos personales, la información de los barcos y copias de la documentación necesaria.
A cambio de una contraprestación económica, el responsable del astillero elaboraba facturas de compraventa ficticias y declaraciones de conformidad con la normativa europea, pese a no haber construido ni inspeccionado las embarcaciones. Posteriormente presentaba esos documentos ante la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa para conseguir su inscripción y matriculación.
Penas de hasta dos años y medio de prisión
Los 14 condenados han sido considerados responsables, en distintos grados, de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, como cooperadores necesarios.
La Audiencia impone:
- Nueve condenas de un año y dos meses de prisión.
- Dos condenas de diez meses de cárcel.
- Tres condenas de un año y medio, dos años y tres meses y dos años y medio de prisión, respectivamente.
Además, el tribunal absuelve a dos acusados después de que durante el procedimiento se retirase la acusación formulada contra ellos.
La resolución judicial todavía no es firme. Las partes disponen ahora de la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.