La pandemia vacía las calles de la parroquia en su día grande mientras que un informe del Consello de Contas eleva a un mínimo de 1,5 millones las deudas acumuladas por la pedanía
Un par de fuertes petardazos, tan estruendosos como siempre, recuerdan ya, al filo de las ocho de la mañana, que, pese a todo, hoy Bembrive vive su día grande: la festividad de San Blas. No habrá furanchos ni aglomeraciones, sepultado todo ello por el Covid. Pero el espíritu del santo y de su fiesta continúan vigentes en la parroquia, que con el paso de los años ha llegado a convertir esta celebración en una de las más importantes de Vigo.
Sin embargo, este año Bembrive alcanza San Blas envuelto en dudas, y no sólo por lo que a la pandemia se refiere. Hay otro tipo de pandemia, de índole económica, que pone en duda la viabilidad de la pedanía, con administración municipal propia desde el 12 de julio de 1945, cuatro años después de su anexión al propio Concello de Vigo junto con el resto del hoy desaparecido Concello de Lavadores.
Muchas cosas han cambiado desde entonces. No San Blas. No sus festejos. Pero sí un informe del Consello de Contas -órgano fiscalizador de las cuentas de los organismos públicos en Galicia-, que pone en duda la viabilidad de la entidad. Al menos, tal y como ha sido gestionada durante los últimos años.
No hace tanto, Bembrive comenzó a ser noticia por algunas informaciones y sentencias de posibles deudas arrastradas. El entonces pedáneo, el socialista Roberto Ballesteros, negaba cualquier tipo de acusación.
Hasta la pedanía se llegó a desplazar, en noviembre 2017, en pleno corazón de aquella batalla política, el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, que fue recibido por algunos vecinos con gritos y descalificaciones, en uno de los denominados ‘escraches’ tan de moda en estos tiempos. Apenas tres meses después, el Supremo ratificaba la condena por prevaricación del entonces pedáneo.
El informe del Consello de Contas
Hoy ese informe del Consello de Contas desvela los números y los modos de actuación de la entidad local en esa época, a la que echa en cara la «contratación verbal realizada sistemáticamente por el entonces alcalde-pedáneo», que «constituye una vulneración de los procedimientos de contratación previstos en la ley de contratos que origina nulidad».
San Blas, el año pasado. 
Alguno de los puestos, este año. 
Alrededores de la parroquia. 
La pedanía.
Sin embargo, prosigue Contas, ese dudoso modo de contratación «no significa que no exista título jurídico que ampare reclamaciones económicas por la prestación de esos trabajos y servicios». De hecho, hace exactamente un año, a la conclusión del trabajo fiscalizador del órgano (14 de febrero de 2020), existían ya 15 reclamaciones en vía judicial con sentencia firme, que totalizan 1.513.336,78 euros, sin contar los intereses de demora y las costas procedimentales.
Sólo esta cuantía supone multiplicar por más de 5 el importe de la transferencia anual que el Concello de Vigo entrega a la Pedanía.
Pero además, y como advierte Contas, la entidad tiene sentencias, a esa fecha, por «otros procedimientos que totalizan 1.283.000,84 euros, sin prejuicio de los juros de mora y costas que correspondan».
De llegar a confirmarse éstas, la deuda ascendería a 3,8 millones, casi cuatro veces la previsión de ingresos de la entidad para el ejercicio 2015 -último del que tiene constancia el órgano fiscalizador-, de los que hay que deducir las partidas propias para el funcionamiento anual de la pedanía.
En la línea de todo lo expuesto, el Consello de Contas, que alerta de que la administración local tampoco cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fija en casi 2,9 millones su necesidad actual de financiación. Un golpe tal vez demasiado duro para el devenir de la entidad. Mientras tanto, y por fortuna, seguirá celebrándose San Blas. Este año bajo la sombra pandémica del Covid. El siguiente, Dios dirá.