Abel Caballero reclama ahora la participación del Gobierno central en la financiación del estadio mientras la reforma que comenzó en 2015 sigue sin concluir. El Mundial de 2030 se acerca y Vigo continúa discutiendo quién paga unas obras que todavía no tienen garantizada su ejecución.
Hay obras que se eternizan. Y después está Balaídos. En enero de 2015 se colocó la primera piedra de una reforma que, según las previsiones iniciales, debía estar terminada en poco más de dos años. Han transcurrido casi doce y el estadio continúa en obras. Por el camino se han sucedido los anuncios, las inauguraciones parciales, los cambios de calendario y las nuevas promesas. Lo que no se ha producido todavía es la fotografía de un Balaídos completamente terminado.
Ahora, con el Mundial de 2030 en el horizonte, el Ayuntamiento de Vigo pretende afrontar una nueva transformación del recinto para adaptarlo a las exigencias de la FIFA. Y lo que hasta hace unos días parecía una cuestión de tres administraciones se ha convertido, de repente, en un asunto de cuatro.
Abel Caballero, que venía defendiendo que la financiación debía repartirse entre Concello, Xunta y Diputación, asegura ahora que también reclama dinero al Gobierno de España. «Yo pido que el Gobierno de España pague», ha afirmado este miércoles, después de haber sostenido reiteradamente que el Ejecutivo central no ha financiado las reformas de los demás estadios aspirantes a albergar partidos del campeonato.
No deja de resultar llamativo que el Gobierno central aparezca ahora en una ecuación de la que el alcalde llevaba tiempo excluyéndolo. Más todavía cuando faltan once días para unas elecciones generales que podrían modificar el panorama político nacional. ¿Ha cambiado el criterio de financiación? ¿O simplemente se está contemplando la posibilidad de que, después del 29 de noviembre, el interlocutor en Madrid sea otro?
No hay elementos para afirmarlo, pero la coincidencia invita a formular la pregunta.
El problema de los plazos
En cualquier caso, el debate sobre quién debe pagar la ampliación de Balaídos está eclipsando una cuestión bastante más incómoda: la capacidad de ejecutar las obras dentro de los plazos exigidos.
La reforma iniciada en 2015 debía modernizar integralmente el estadio. Primero llegaron Tribuna y Río. Después, Marcador. Y más tarde, Gol, cuyo derribo comenzó en 2025 y cuya reconstrucción todavía no ha concluido.
No hablamos de una infraestructura levantada desde cero, sino de la remodelación progresiva de un campo que sigue acogiendo partidos de fútbol cada quince días. Una operación compleja, ciertamente, pero también una actuación que acumula una década larga de intervenciones.
Y aquí surge una pregunta bastante elemental. Si Vigo ha necesitado casi doce años para ejecutar una reforma de Balaídos que todavía sigue pendiente de remate, qué garantías existen de que una nueva ampliación pueda estar terminada antes de 2030?
Porque el Mundial no admite los plazos elásticos a los que parecen haberse acostumbrado algunas obras municipales. La FIFA fija condiciones, exige garantías y supervisa calendarios. No basta con anunciar un proyecto ni con convocar reuniones. Hay que disponer de financiación, documentación técnica, licencias, contratos y tiempo material para ejecutar los trabajos.
Un estadio que todavía no es sede
Conviene recordar, además, un detalle que a veces desaparece entre tanta declaración institucional: Vigo todavía no tiene garantizada su presencia entre las sedes definitivas del Mundial.
La ciudad quedó inicialmente fuera de la selección española de 2024. Posteriormente, la Federación Española de Fútbol promovió ante la FIFA la incorporación de Vigo y Valencia, pero la decisión definitiva corresponde al organismo internacional.
Por tanto, el Ayuntamiento está negociando inversiones millonarias para adaptar Balaídos a una competición cuya celebración en la ciudad sigue pendiente de confirmación.
Eso no significa que no deba trabajar para conseguirla. Al contrario. Vigo tiene motivos deportivos, históricos y sociales para aspirar a formar parte de una cita de semejante magnitud. Pero precisamente por eso convendría distinguir entre el deseo de albergar el Mundial y las condiciones objetivas para conseguirlo.
Y hay otra circunstancia que tampoco debería perderse de vista. El campeonato de 2030 está adjudicado a España, Portugal y Marruecos, pero ni siquiera está decidido qué país acogerá la final, una disputa que sigue abierta y que demuestra hasta qué punto todavía quedan cuestiones por concretar.
La financiación y la responsabilidad
La Xunta y la Diputación han planteado repartir el coste entre cuatro administraciones, incluyendo al Gobierno de España. Caballero ha venido defendiendo una fórmula de tres partes y ahora afirma que también solicita financiación estatal.
No parece imposible alcanzar un acuerdo si existe voluntad de hacerlo. Lo que resulta más difícil de comprender es que una discusión que debería haberse resuelto hace tiempo se encuentre todavía en esta fase, a escasos cuatro años del campeonato.
El alcalde atribuye la ausencia de Xunta y Diputación en la reunión convocada para este viernes a que ambas instituciones «no quieren pagar». Las dos administraciones, por su parte, alegan el contexto electoral y han planteado aplazar el encuentro hasta después de las elecciones generales. Incluso se han propuesto fechas alternativas.
La diferencia no es menor. Rechazar una fecha no equivale necesariamente a rechazar una inversión.
Pero, por encima de las acusaciones cruzadas, hay una realidad difícil de eludir: el Concello es el propietario del estadio y la administración que ha dirigido su transformación durante todos estos años. Esa responsabilidad no desaparece por mucho que ahora se reclame la participación económica de otras instituciones.
Vigo merece aspirar al Mundial de 2030. Y merece también un Balaídos moderno, funcional y a la altura de su equipo y de su afición, con independencia de que finalmente se disputen aquí partidos del campeonato.
Porque hay algo que resulta difícil de discutir: el Mundial se celebrará en 2030, pero Balaídos lleva en obras desde 2015.
Y el calendario, por mucho que se empeñe la política, no se puede reformar.

